Editorial
“En un contexto de alta exigencia democrática, los miembros de mesa encarnan la primera línea de defensa del voto ciudadano.”
Un total de 834,660 peruanos fueron seleccionados en las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales desplazadas en todo el territorio nacional, en una muestra de transparencia y organización que fortalece la confianza en el sistema electoral.
La novedad de este proceso radica en la ampliación del número de ciudadanos elegidos por mesa: un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes. Esta medida, que reemplaza el esquema anterior, busca asegurar la instalación oportuna de las mesas y evitar improvisaciones de última hora, reforzando así la previsibilidad y el orden el día de la votación.
Como establece la Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos sorteados estarán sujetos a eventuales tachas o impugnaciones ante los jurados electorales especiales. Sin embargo, más allá de ese procedimiento legal, resulta importante destacar el papel que cumplirán quienes finalmente asuman esta función en unos comicios que se perfilan como los más complejos de las últimas décadas.
El proceso electoral del 2026 reúne una combinación inédita de desafíos: un número elevado de organizaciones políticas en competencia, una cédula de votación más extensa y diversa, el regreso a un Parlamento bicameral y un sistema mixto para la elección del Senado; además de miles de candidaturas en contienda. Todo ello exige un desempeño riguroso, imparcial y altamente comprometido por parte de quienes estarán a cargo de conducir el acto electoral en cada mesa.
El éxito de la jornada no dependerá únicamente de la solvencia técnica de los organismos electorales ni del respeto de las reglas por parte de las fuerzas políticas. También será determinante la responsabilidad cívica de los ciudadanos que, como miembros de mesa, garantizarán el correcto desarrollo de la votación y la transmisión fiel de los resultados.
En ese marco, resulta oportuna la decisión del Estado de reconocer este esfuerzo mediante un incentivo económico. Del mismo modo, la sanción prevista para quienes incumplan su deber reafirma que se trata de una obligación cívica, no de una opción.
En un contexto de alta exigencia democrática, los miembros de mesa encarnan la primera línea de defensa del voto ciudadano. Su compromiso hará posible una elección ordenada y contribuirá decisivamente a preservar la legitimidad del sistema y la confianza del país en sus instituciones. En ellos descansa, en buena medida, que la voluntad popular se exprese con claridad y que la democracia peruana salga robustecida de este proceso histórico.