Opinión
Director de Centro Familias 360
Pero el fenómeno no se limita a los matrimonios. Aunque el país no cuenta con una tasa oficial para la disolución de uniones de hecho, la evidencia apunta a un aumento sostenido de estas separaciones, muchas de ellas marcadas por un mayor riesgo de violencia y una profunda vulnerabilidad económica para la mujer. Detrás de cada ruptura hay historias de dolor, pero también consecuencias sociales que suelen quedar relegadas a un segundo plano.
La familia continúa siendo el núcleo básico de nuestra sociedad, el primer y más importante ecosistema para el desarrollo de los niños. Es allí donde deberían crecer seguros y felices. Sin embargo, cuando la relación de los padres se rompe, especialmente en contextos de violencia, ese espacio protector se fragmenta.
Datos del Centro Psicológico Salud Emocional (CPSE) revelan que en siete de cada diez hogares donde hubo violencia, la alienación parental continúa incluso después de la separación. El conflicto no termina, sino que más bien se transforma y se hereda.
Las secuelas en los hijos son profundas. La psicóloga Marisol Pinedo, directora del CPSE, advierte que este tipo de violencia genera inestabilidad emocional, estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico y una afectación grave en la construcción de la identidad personal. Niños y adolescentes crecen sin certezas, preguntándose quiénes son y a quién pertenecen, en medio de disputas que no les corresponden.
Esto se refleja en el grave panorama que vive nuestro país. El Ministerio de Salud reportó un incremento del 19.21% en los casos de salud mental atendidos durante y después de la pandemia. Los intentos de suicidio se concentran, de manera alarmante, en jóvenes: mujeres de entre 15 y 19 años y varones de 20 a 24. ¿Podemos realmente desvincular estos datos del contexto familiar en el que muchos de ellos crecen?
El alto número de divorcios y separaciones no debería quedarse únicamente en titulares de prensa o informes estadísticos. Es una señal de alerta que exige una respuesta decidida del Estado y de la sociedad. La prioridad, y no una opción secundaria, debe ser promover estrategias para fortalecer las relaciones conyugales y familiares. Prevenir siempre será menos costoso, emocional y socialmente, que reparar.
El Perú cuenta con instituciones dedicadas a la protección y fortalecimiento de la familia; están el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente (Demuna), el Inabif y los Centros de Emergencia Mujer, entre otros.
Sin embargo, su labor podría ampliarse y articularse mejor en el ámbito comunitario. Talleres de comunicación y resolución de conflictos, charlas de fortalecimiento conyugal, programas de crianza positiva, espacios de orientación psicológica y acompañamiento emocional en juntas vecinales, distritos y urbanizaciones pueden marcar una diferencia real.
Hablar de fortalecer la familia no significa negar la realidad de relaciones insostenibles o violentas ni obligar a permanecer en ellas. Significa, más bien, intervenir a tiempo, educar emocionalmente, prevenir la violencia y poner en el centro el bienestar de los niños y adolescentes. Porque cuando la familia se resquebraja sin contención ni apoyo no solo se rompe un vínculo, también se debilita el futuro de toda una sociedad.