Derecho
La norma busca dotar de estabilidad jurídica al modelo de transporte integrado, incentivando la inversión pública y privada y fortaleciendo el servicio formal de transporte terrestre.Entre los principales cambios, se incorpora el literal j) al artículo 2 de la Ley, que define al SIT como un sistema de transporte público de personas que articula las distintas modalidades del servicio mediante integración física, operacional, tarifaria y de medios de pago. Asimismo, se añade el numeral 5.4 al artículo 5, mediante el cual el Estado promueve inversiones destinadas a la implementación y operación de los SIT, asegurando criterios de eficiencia, sostenibilidad, accesibilidad, seguridad y cobertura.La norma responde a la alta informalidad que caracteriza al transporte terrestre, fenómeno que afecta la sostenibilidad financiera de los sistemas formales y agrava los problemas de seguridad ciudadana. En concordancia con la Política Nacional de Transporte Urbano, el Poder Ejecutivo otorga a las autoridades competentes —en especial a la ATU en Lima y Callao— herramientas regulatorias para ejecutar una integración efectiva, combatir la competencia desleal y avanzar hacia un servicio de transporte ordenado, confiable y seguro, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.
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— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) January 29, 2026