Editorial
No se trata de un hecho aislado, sino del resultado de una acción coordinada entre diversas instituciones que actuaron con firmeza para impedir que uno de los principales cabecillas del crimen organizado encontrara amparo fuera del país.
Moreno Hernández, líder de la organización criminal los Injertos del Cono Norte, arribó a Perú luego de un proceso de extradición que demandó varios meses y que se activó tras su captura en Paraguay, el 24 de setiembre del 2025.
Su extradición permitirá que responda ante la justicia peruana por una larga lista de delitos, entre ellos homicidios, secuestros, sicariato, robo agravado y extorsiones que sembraron terror entre comerciantes, transportistas y familias de distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y otras zonas de la capital. También es señalado por la Policía como el presunto responsable del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo del 2024.
Este golpe al crimen organizado ratifica una cooperación eficaz y decidida entre los Estados de Perú y Paraguay. La extradición de Moreno Hernández confirma el valor de los mecanismos de colaboración internacional cuando existe una voluntad política firme de enfrentar el crimen transnacional. El mensaje es claro: el delito no encuentra refugio, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. No hay territorio que garantice impunidad a los enemigos del Estado y de la sociedad.
A partir de ahora, la responsabilidad recae con especial fuerza en el sistema de justicia. En el marco estricto de las normas vigentes y con respeto al derecho a la defensa, corresponde actuar con celeridad para emitir una sentencia firme y ejemplar. El país necesita un pronunciamiento claro que deje sentado que el Estado de derecho no transa, no cede y no se intimida ante ningún criminal, por más peligroso que sea.
En ese sentido, la decisión del Poder Ejecutivo de disponer que alias el Monstruo cumpla encarcelamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao resulta coherente y necesaria. Se trata de una medida estrictamente proporcional a la extrema gravedad de los delitos imputados y plenamente alineada con la obligación indeclinable del Estado de resguardar la seguridad y el orden interno.
En circunstancias como esta, no hay espacio para la ambigüedad. La autoridad emana de la ley y se ejerce con legitimidad para proteger a los ciudadanos. Esa es la señal que debe quedar claramente establecida. Solo así se preserva el orden democrático y se garantiza que la violencia y el delito no sustituyan a las reglas que sostienen la convivencia en una República.