Opinión
Periodista y Magíster en Gestión Pública
Ese desafío no es nuevo. En los últimos años, el Perú ha buscado dotarse de una arquitectura institucional capaz de ordenar a los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y alinearlos hacia objetivos comunes. El resultado es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti), creado por la Ley N.° 31250, una nueva gobernanza cuyo propósito es articular la acción pública en CTI y promover la participación del Estado, la academia, la empresa y la ciudadanía.
El Sinacti se organiza en tres niveles. El primero es el de definición estratégica, en el que se coordinan regulaciones, intervenciones y prioridades nacionales. Participan el Concytec, como ente rector adscrito a la PCM, y dos instancias clave: la Comisión Multisectorial –con 12 ministerios y un representante de los gobiernos regionales– y la Comisión Consultiva, integrada por científicos que asesoran al Ejecutivo.
El segundo nivel es el de implementación: allí se activan los instrumentos que vuelven posible la política (financiamiento, estándares, propiedad intelectual, calidad y transferencia tecnológica). Destacan Prociencia, ProInnóvate, Inacal e Indecopi.
El tercer nivel es el de ejecución. Lo integran universidades, institutos de investigación, empresas y centros de innovación y transferencia tecnológica; es donde la ciencia se convierte en resultados: formación de talento, investigación básica y aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica e innovación productiva.
El reto ahora es sostener la implementación sin retrocesos. El trabajo hasta el momento es sostenido, ya se han convocado diversas reuniones en los niveles de definición y se avanza en la ejecución de nuevas acciones, en el nivel de implementación ahora que se tiene la Política Nacional de CTI.
Y ahí está la clave. El Sinacti solo tendrá sentido si impulsa los objetivos de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030-POLCTI: fortalecer capital humano, producir conocimiento alineado a prioridades del país, acelerar la innovación en sectores productivos y servicios, y mejorar los mecanismos de financiamiento.
Un sistema se construye con continuidad, coordinación y presupuesto; se legitima con resultados. Por ello, para que la CTI se consolide como política de Estado se requiere fortalecer la institucionalidad. Ese es el paso previo para tomar decisiones con base en el conocimiento. Sin investigación, no hay evidencia que permita tomar decisiones con responsabilidad y orientar el futuro.