Editorial
“Las instituciones electorales deben seguir actuando con rigor e imparcialidad; las fuerzas políticas, respetar las reglas y contribuir a un clima de competencia democrática; y la ciudadanía, participar de manera vigilante [...]”.
En ese contexto, los anuncios efectuados esta semana por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en entrevista exclusiva con Andina Canal Online, delinean con claridad los próximos hitos que marcarán el tramo final de la organización electoral.
Según lo manifestado por el titular del JNE, el 14 de marzo se publicará la relación definitiva de los candidatos habilitados para participar en las elecciones, luego de culminar el proceso de calificación, tachas y depuración de las listas de aspirantes a la Presidencia, al Senado y la Cámara de Diputados.
Otro hito central será la realización del debate electoral presidencial, programado entre el 23 y el 30 de marzo. Dada la inscripción de 36 fórmulas presidenciales, el JNE prevé la realización de dos jornadas de debate a fin de asegurar condiciones equitativas para la exposición de propuestas.
A ello se suma la confirmación de la presencia de misiones de observación internacional de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter y otros organismos. Su participación reforzará los estándares de transparencia y constituye una señal inequívoca del compromiso de Perú con procesos electorales abiertos y confiables.
En ese sentido, resulta saludable para la democracia que el cronograma electoral se esté cumpliendo con previsibilidad y sin sobresaltos. El respeto estricto de los plazos no es un asunto meramente procedimental, sino una expresión concreta de institucionalidad y de sujeción a las reglas del juego democrático.
Cuando, hace poco menos de un año, se realizó la convocatoria a las elecciones, el país enfrentaba desafíos de gran envergadura. A las tensiones políticas se sumaba un entorno institucional exigente, que demandaba de los organismos electorales una actuación técnica e independiente. Desde entonces, el proceso ha avanzado bajo la premisa de que solo el respeto a la legalidad y la transparencia pueden sostener la legitimidad de los comicios.
En este tramo final, lo que se espera es un compromiso real y responsable de todos los actores. Las instituciones electorales deben seguir actuando con rigor e imparcialidad; las fuerzas políticas, respetar las reglas y contribuir a un clima de competencia democrática; y la ciudadanía, participar de manera vigilante y consciente.
Solo bajo estas condiciones será posible garantizar elecciones transparentes e incuestionables. De ello depende no únicamente la legitimidad de las autoridades que resulten electas, sino también que Perú afiance su democracia y reconstruya la confianza en sus instituciones.