Opinión
Periodista
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Mientras ministerios, organismos reguladores, gobiernos regionales y entidades clave sufren los efectos de la rotación permanente, la presión partidaria o la improvisación, el BCRP ha mantenido una ruta clara: estabilidad monetaria, control de la inflación y preservación de la confianza en el sol. Es imposible no reconocer la diferencia. La pregunta es inevitable: ¿si pudimos blindar una institución tan estratégica como el BCRP, por qué no replicamos ese modelo en sectores igual o más urgentes para la ciudadanía?
La respuesta está en la política. El BCRP funciona porque todos los gobiernos, independientemente de su orientación ideológica, han entendido que interferir en la política monetaria tiene un costo alto para el país y para ellos mismos. Ese consenso mínimo –uno de los pocos que Perú ha logrado sostener– ha permitido que la institución se mantenga al margen del ciclo político y de la confrontación permanente. En cambio, otras instituciones no han tenido el mismo resguardo. Y no porque sea imposible otorgárselo, sino porque ciertos sectores políticos saben que una institucionalidad fuerte limitaría su margen de maniobra, cerraría espacios de captura y reduciría su capacidad de influencia. Por eso se oponen abiertamente o erosionan silenciosamente cualquier intento de reforma.
El caso del BCRP demuestra que la institucionalidad no depende solo de leyes, sino de algo más profundo: pactos políticos claros, límites bien definidos, meritocracia negociable, y una idea compartida de que hay espacios del Estado que no pueden ser sometidos a la disputa partidaria.
Replicar ese modelo exige enfrentar, políticamente, a quienes lucran con el debilitamiento del Estado. Un Perú con instituciones sólidas no solo requiere diseño y técnica: requiere derrotar a los sectores que viven del desorden, que dependen de la fragilidad institucional para ejercer un poder que no tendrían en un sistema meritocrático y estable.
Perú necesita un nuevo consenso: reconocer que la estabilidad institucional no es un lujo técnico, sino la base del desarrollo y la condición mínima para recuperar la confianza ciudadana. El BCRP muestra que sí es posible. Ahora le toca a la política decidir si quiere replicar ese camino o seguir administrando el deterioro.