Editorial
Sostener un manejo prudente de las finanzas públicas no es solo una cuestión de números: es una forma concreta de cuidar el bolsillo de las familias, asegurar que los servicios esenciales funcionen sin interrupciones y garantizar la capacidad de respuesta cuando la economía enfrenta dificultades.
Bajo estos principios, los países que logran alinear una gestión fiscal responsable con la atención de las necesidades de la población crean condiciones más estables para el desarrollo.
Ese es el marco en el que debe entenderse el reciente desempeño fiscal de Perú. El cumplimiento de la regla de déficit el 2025, al cerrar el año en 2.2 % del producto bruto interno (PBI), representa un avance concreto en la conducción económica y un paso fundamental en la trayectoria fiscal del país.
Este resultado cobra mayor importancia si se considera que en los dos años anteriores los desbalances fiscales excedieron los límites establecidos. En el 2024, por ejemplo, el déficit alcanzó 3.4 % del PBI, muy por encima de la meta de 2.8 %.
La corrección de esta situación fue posible gracias a las medidas de ajuste y de gasto responsable adoptadas por el Gobierno en el último trimestre del año. En ese periodo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó disposiciones extraordinarias orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Se reforzó la austeridad, priorizando proyectos con expediente técnico y limitando gastos no esenciales, como publicidad y consultorías, sin afectar sectores clave como salud y educación.
Alcanzar el cumplimiento de la regla fiscal marca un punto de inflexión en la conducción económica del país. Su relevancia se aprecia aún más al considerar que, según el Banco Central de Reserva, Perú se ubicó entre los países con menor déficit de la región el 2025, con un nivel claramente inferior al registrado en Colombia (7.1 % del PBI), México (4.3 %), así como al promedio de América Latina (5.0 %) y de las economías emergentes (6.1 %).
El desafío ahora es consolidar esta responsabilidad fiscal y asegurar que se mantenga en el tiempo. En ese contexto, la iniciativa del MEF de impulsar el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible constituye una señal clara de que la estabilidad debe transformarse en una agenda de largo plazo.
Blindar estos compromisos frente a los cambios políticos permitirá reforzar la credibilidad del país y garantizar que los avances no sean temporales. Convertir la disciplina fiscal en una verdadera política de Estado es una decisión impostergable, esencial para estimular la inversión y asegurar que la estabilidad económica se traduzca en más oportunidades y bienestar para todos los peruanos.