En efecto, la nueva normativa exige respuestas eficaces tanto del sector público como del privado, a fin de garantizar el adecuado tratamiento de la información personal y fortalecer una sólida cultura de cumplimiento.
En ese marco, Eduardo Luna Cervantes, máxima autoridad nacional de protección de datos personales, reflexiona sobre la necesidad de construir, de manera conjunta, una cultura de protección de datos personales, destacando el rol activo que deben asumir las instituciones, las empresas y los ciudadanos.
Seguidamente, el especialista Alex Sosa aborda la directiva del oficial de datos personales, precisando criterios clave y despejando dudas sobre sus funciones y responsabilidades. A su turno, Álvaro Gálvez, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, analiza las nuevas disposiciones aplicables a los oficiales de datos personales en el sector privado, con énfasis en los desafíos de su implementación.
El suplemento se complementa con relevantes aportes en otras áreas del derecho. Miguel Flórez Galecio examina la problemática de los inquilinos morosos y el acceso a la justicia, mientras que Adrián Simons Pino analiza cómo el abuso procesal afecta la eficacia del sistema judicial.
Finalmente, Karen De La Cruz ofrece precisiones jurisprudenciales sobre defraudación tributaria y simulación de operaciones, a partir de recientes pronunciamientos de la Corte Suprema.
