Editorial
“La medida reconoce el evidente agotamiento del modelo vigente y abre la posibilidad de edificar una institucionalidad moderna, capaz de garantizar el control efectivo de los penales [...]”.
Se trata de una problemática ampliamente conocida, tolerada y, en muchos casos, peligrosamente normalizada, que ha puesto en evidencia la pérdida de control del Estado sobre espacios que deberían estar bajo su autoridad.
Esta situación es consecuencia de una reforma estructural sistemáticamente postergada. Sucesivas gestiones evitaron enfrentar de manera integral la crisis del sistema penitenciario. Esa omisión histórica ha tenido costos elevados para el país y ha debilitado la credibilidad del propio Estado.
El último fin de semana, esta realidad quedó nuevamente expuesta con crudeza durante las inspecciones realizadas por el presidente José Jerí. La visita inopinada al penal de Ancón I, efectuada en la madrugada del sábado, reveló un escenario alarmante de desorden administrativo, ausencia de control interno y serias deficiencias en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
Al día siguiente, otro operativo permitió desmantelar redes criminales que operaban con impunidad dentro de los penales de Huacho y Huaral.
Frente a este panorama, no existe otro camino que emprender una reforma integral del sistema penitenciario. Mantener el statu quo solo perpetuaría un esquema que ha demostrado ser funcional a la criminalidad organizada y perjudicial para la seguridad pública.
En esa dirección, el Poder Ejecutivo ya ha comenzado a dar señales claras. El corte de las líneas de comunicación utilizadas por internos para dirigir actividades delictivas, la restricción de beneficios penitenciarios para reos de alta peligrosidad y el traslado de internos a penales de máxima seguridad como Challapalca responden a la necesidad de recuperar sin ambigüedades el principio de autoridad.
No obstante, estas medidas constituyen apenas los primeros pasos de una tarea mucho más profunda. Se requieren cambios estructurales en los sistemas de control, administración, inteligencia penitenciaria y gestión del personal, así como mecanismos eficaces de supervisión en todos los niveles y rendición de cuentas.
En ese sentido, el anuncio de reemplazar el Inpe por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) marca un punto de inflexión. La medida reconoce el evidente agotamiento del modelo vigente y abre la posibilidad de edificar una institucionalidad moderna, capaz de garantizar el control efectivo de los penales y de reafirmar la autoridad del Estado. Frente a una reforma de esta magnitud, orientada a proteger a la sociedad, no debería existir objeción alguna ni espacio para la indiferencia.