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En una conferencia de prensa convocada el jueves 22, el presidente de la República, José Jerí, presentó los resultados del trabajo articulado del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), instancia que reúne al Ministerio del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de Salud, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El objetivo, explicó el Ejecutivo, es cerrar brechas de información y ofrecer una lectura única y verificable de la delincuencia.
“No son opiniones, son estadísticas”, recalcó el Mandatario, marcando distancia de los discursos políticos tradicionales y subrayando que las decisiones adoptadas por el Gobierno empiezan a reflejarse en los principales indicadores de seguridad.
Curva a la baja
El indicador más sensible fue el de homicidios. De acuerdo con la información del INEI, la tasa nacional pasó de 2.6 por cada 100,000 habitantes en el cuarto trimestre del 2024 a 2.5 en el mismo período del 2025. El dato, aunque moderado, adquiere relevancia al observarse dentro de una serie histórica que abarca desde el 2019 y que había mostrado resistencia a la baja.
En el detalle territorial, el informe distingue el comportamiento de Lima Metropolitana y Callao frente al resto de provincias, permitiendo una lectura más precisa de la violencia letal. Para el Gobierno, este descenso coincide con el despliegue de operativos focalizados y con la vigencia de estados de emergencia en zonas críticas, medidas que –pese a las críticas– empiezan a mostrar resultados medibles.
La reducción de homicidios se complementa con el comportamiento de otros delitos de alto impacto. Las denuncias por extorsión, uno de los fenómenos más extendidos en sectores comerciales y de transporte, cayeron de 6,896 en el tercer trimestre del 2025 a 5,494 en el cuarto trimestre, período que coincide con el inicio del actual Gobierno.
Para el Ejecutivo, este retroceso refuerza la hipótesis de que la presión policial sostenida comienza a afectar la operación de estas redes.
Menos denuncias
El informe también muestra una fuerte caída en las denuncias por robo. En términos anuales se pasó de 112,574 denuncias en el 2024 a 62,844 en el 2025, una reducción significativa que se repite al analizar los trimestres del último año. En el tercer trimestre del 2025 se registraron 15,852 denuncias, mientras que en el cuarto trimestre la cifra descendió a 14,615.
La tendencia descendente se extiende a otros delitos. Las denuncias por secuestro bajaron de 1,685 en el 2024 a 1,587 en el 2025, mientras que los casos de violación a la libertad sexual disminuyeron de 26,461 a 22,856 en el mismo período. En ambos casos, el último trimestre del año mostró menos denuncias que el anterior, un dato que el Ejecutivo atribuye a una mayor capacidad de respuesta del Estado.
El presidente Jerí fue cuidadoso al interpretar estos resultados. Reconoció que la reducción de denuncias no elimina el problema estructural, pero sostuvo que el quiebre de la tendencia es un indicador relevante. “Las cifras nos permiten tener esperanza”, señaló, aunque advirtió que los resultados aún no son suficientes y que la lucha contra la delincuencia exige continuidad y ajustes permanentes.
Lo que siente la gente
Más allá de los registros administrativos, el Gobierno puso especial énfasis en los indicadores de percepción y victimización, elaborados a partir de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). Según estos datos, la percepción de inseguridad en la población urbana de 15 años a más cayó de 86% en el 2024 a 83.9% en el 2025, una reducción de 2.1 puntos porcentuales.
La tasa de victimización también mostró una mejora. En el 2025 se ubicó en 25.2%, frente al 27.1% registrado en el 2024, lo que representa una caída de 1.9 puntos porcentuales. Estos indicadores incluyen delitos como robos, extorsiones, estafas, secuestros y delitos informáticos, ofreciendo una visión más amplia del impacto real de la criminalidad en la vida de las personas.
Sin embargo, el informe también pone en evidencia un desafío persistente: la llamada ‘cifra negra’ del delito, es decir, los hechos que no se denuncian. Entre el 2022 y el 2025, una proporción significativa de víctimas optó por no acudir a las autoridades, ya sea por haber recuperado sus bienes por cuenta propia, por falta de pruebas o por conocer al agresor. Para el Ejecutivo, reducir esta brecha será clave para consolidar los avances mostrados.
Con este balance, el Gobierno busca dejar en claro que no se trata de triunfalismo, sino de una fotografía inicial sustentada en datos oficiales. La expectativa ahora está puesta en los próximos trimestres, cuando el Ejecutivo empiece a aplicar las nuevas herramientas legales derivadas de la delegación de facultades otorgada por el Congreso. La promesa es clara: sostener la presión del Estado y convertir estas primeras señales en una tendencia irreversible.
Control de motocicletas
Gran parte de los delitos los cometen personas motorizadas. Frente a esta situación, desde el 20 de enero el Gobierno dispuso la prohibición de que dos personas circulen en una motocicleta en las zonas declaradas en estado de emergencia. En consecuencia, las sanciones se aplican conforme a la normativa vigente desde el miércoles 21 de enero. Con la medida ya en ejecución, el Gobierno trasladó el mensaje a las calles. La noche del jueves 22, el presidente de la República, José Jerí, encabezó operativos de control en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de reforzar la fiscalización de la circulación de motocicletas y verificar el cumplimiento de la restricción. El primer punto de intervención fue la Costa Verde, a la altura de la playa Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar. En esa zona, la Policía Nacional del Perú desplegó controles al tránsito de motocicletas, supervisó autos y otros vehículos, y realizó controles de identidad para detectar a personas con requisitorias vigentes. El operativo permitió intervenir a conductores que incumplían la disposición, así como reforzar la presencia policial en un eje vial de alto tránsito. Posteriormente, el Mandatario se trasladó al distrito de Chorrillos, a la altura de la playa Agua Dulce, donde continuaron las acciones de fiscalización. En ambos puntos, decenas de motociclistas fueron intervenidos por circular en infracción, evidenciando la necesidad de mantener el control de manera sostenida.