Editorial
Esta expansión persistente del delito condujo al país hacia una senda peligrosa, similar a la de otras naciones donde la criminalidad llegó a desafiar abiertamente a la autoridad pública y erosionar las instituciones.
Es precisamente frente a esta realidad que los resultados registrados en los primeros tres meses del gobierno de transición adquieren especial relevancia.
Las cifras presentadas por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, sistematizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, permiten dimensionar con claridad el impacto inicial de las medidas adoptadas.
La tasa de homicidios pasó de 2.6 a 2.5 por cada 100,000 habitantes entre el cuarto trimestre del 2024 y el mismo periodo del 2025, mientras que en los primeros 21 días de enero del 2026 se registraron 145 homicidios, lo que representa una reducción de 11% respecto al mismo periodo del año anterior.
En el caso de la extorsión, las denuncias descendieron de aproximadamente 6,800 a 5,400 en el último trimestre analizado, y los robos denunciados se redujeron de 112,574 en el 2024 a 62,844 en el 2025.
De otro lado, la percepción de inseguridad disminuyó de 86% a 83.9%, mientras que la tasa de victimización se redujo en casi dos puntos porcentuales, hasta ubicarse en 25.2%.
Estas cifras muestran los primeros efectos de una política de seguridad que ha priorizado la acción sostenida del Estado frente al crimen, en la que el esfuerzo de la Policía Nacional ha permitido avanzar en la lucha contra ese flagelo.
Por ello, resulta especialmente relevante que el Gobierno haya cumplido con transparentar las cifras, pues la puesta a disposición de información precisa representa un paso fundamental para fortalecer la confianza pública.
Los resultados son alentadores, pero no deben interpretarse con triunfalismo. Como ha señalado el presidente José Jerí, persisten desafíos importantes y el objetivo es consolidar una tendencia sostenida que permita marcar un verdadero punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad.
En esa línea, es indispensable seguir fortaleciendo la presencia efectiva de la autoridad en las calles, adoptar nuevas medidas en el marco de las facultades legislativas y avanzar en transformaciones estructurales como la reforma del Inpe.
La seguridad ciudadana exige, finalmente, una mirada de Estado. Por encima de las diferencias, corresponde a todos los sectores actuar con responsabilidad y compromiso para fortalecer la autoridad democrática y avanzar hacia un país donde el orden, la ley y la paz sean una realidad.