Derecho
La magistrada inauguró el Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, al que asisten autoridades judiciales de Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Panamá, así como representantes de otros países.
Tello vinculó tal peligro con fenómenos graves y complejos como el crimen organizado, la corrupción, economías ilegales, lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas, extorsión, trata, extracción ilegal de recursos naturales, entre otros.
“La independencia judicial enfrenta riesgos provenientes de fuerzas megaestructurales, propuestas populistas, autoritarias y regresivas en materia de derechos fundamentales, así como procesos de desconstitucionalización o desconvencionalización del derecho”, advirtió.
La jueza recalcó que la judicatura y sus órganos de gobierno constituyen el contrapeso indispensable al poder político, a fin de garantizar la supremacía de la Constitución, el principio de legalidad, el control, balance y separación de poderes, así como la protección de derechos fundamentales.
“Los principios de exclusividad e independencia de la función judicial, son hasta hoy un desafío permanente y tarea pendiente que asumimos en nuestros Estados, y especialmente desde la judicatura, para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna, para todos por igual”, expresó.
La magistrada consideró, además, la imperiosa necesidad de repensar estructuras, procesos y capacidades institucionales para un nuevo tiempo y un nuevo Poder Judicial.
Reflexión
Janet Tello explicó que, en sus dos siglos de existencia, los poderes judiciales de América Latina enfrentaron tensiones estructurales, reformas incompletas, contextos autoritarios y crisis institucionales.
Consideró oportuna la necesidad de reflexionar en el citado certamen sobre independencia judicial, autonomía institucional y garantías de la carrera judicial, “pilares indispensables para asegurar jueces independientes y profesionales comprometidos con el servicio público”.
“La independencia judicial no es solo una prerrogativa corporativa y personal; es, esencialmente, una garantía de tutela judicial o procesal efectiva”, aseveró.