Editorial
“El Estado, en todos sus niveles, debe actuar con unidad y determinación para enfrentar a los verdaderos enemigos de la patria y devolver a los peruanos la tranquilidad que legítimamente demandan”.
En los últimos años, el avance del crimen organizado ha alterado la vida de millones de peruanos, y ha comprometido la capacidad de las instituciones para garantizar el orden y preservar la convivencia democrática.
En consecuencia, más allá de los debates propios de la agenda pública y del ritmo natural de la coyuntura, resulta indispensable mantener el foco en aquello que afecta de manera directa la tranquilidad de la población y el desarrollo nacional. La seguridad es una condición básica para el funcionamiento de la economía, por lo que su tratamiento exige decisiones firmes y políticas consistentes.
En ese marco, y en ejercicio de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo ha reforzado el marco normativo para enfrentar con mayor contundencia a la criminalidad organizada. Las normas promulgadas recientemente expresan una definición clara de política pública: fortalecer el principio de autoridad, reducir espacios de impunidad y dotar a la Policía Nacional de mayores herramientas para combatir delitos de alta gravedad.
Entre las principales medidas adoptadas se encuentran el endurecimiento de las sanciones contra la desobediencia y resistencia a la autoridad, así como la restricción de beneficios penitenciarios, excluyéndolos expresamente para delitos de corrupción, violencia contra la mujer y otros ilícitos graves. Asimismo, se ha ampliado el alcance penal frente a la tenencia ilegal de armas de fuego, incorporando nuevas modalidades que alimentan la violencia criminal, y se han fortalecido las facultades policiales en casos de flagrancia por delitos como extorsión, sicariato y secuestro, siempre bajo control del Ministerio Público, incluyendo el acceso a información contenida en equipos informáticos.
Estas disposiciones se suman a un conjunto de acciones que el Ejecutivo ha implementado en las últimas semanas y que están orientadas a restablecer el principio de autoridad en todo el territorio nacional. Se trata de un esfuerzo concreto que busca cerrar espacios a la criminalidad y reafirmar la vigencia de la ley.
Frente a este escenario, lo que corresponde es no bajar la guardia y sostener una estrategia firme, coherente y de largo aliento. La inseguridad ciudadana es hoy el principal desafío y el crimen organizado, su amenaza más directa. Combatirlo exige decisiones firmes, continuidad en las políticas públicas y un compromiso que trascienda la coyuntura. El Estado, en todos sus niveles, debe actuar con unidad y determinación para enfrentar a los verdaderos enemigos de la patria y devolver a los peruanos la tranquilidad que legítimamente demandan.