Editorial
“[...] resulta relevante que la Presidencia del Consejo de Ministros haya aprobado, a inicios de enero, nuevos lineamientos para fortalecer los mecanismos de articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
En ese contexto, el reciente decreto supremo que declara el estado de emergencia por 60 días en 134 distritos de diversas provincias de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes responde a un peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.
La medida permite ejecutar acciones excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir riesgos clasificados como muy altos, así como desplegar labores de respuesta y rehabilitación que eviten consecuencias mayores para la población, la infraestructura y las actividades productivas.
Esta disposición se suma a la adoptada el pasado 9 de enero, cuando se declaró el estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones, confirmando que el Gobierno ha optado por una intervención preventiva y articulada frente a un escenario climático complejo, que afecta con particular intensidad a la sierra y a zonas vulnerables de la costa y la selva. La experiencia demuestra que anticiparse es clave para minimizar pérdidas humanas y económicas.
El éxito de estas medidas, sin embargo, exige una respuesta integral de todas las instituciones involucradas y un mayor nivel de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Las regiones y los municipios tienen un papel central en la ejecución de las acciones, bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con la participación de sectores como Educación, Agricultura, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.
En esa misma línea, resulta relevante que la Presidencia del Consejo de Ministros haya aprobado, a inicios de enero, nuevos lineamientos para fortalecer los mecanismos de articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta actualización normativa busca mejorar los procesos de prevención y respuesta, dotando de mayor coherencia y eficacia a la acción pública frente a emergencias recurrentes que ponen en riesgo la vida de la población.
El desafío es claro: pasar de una lógica reactiva a una gestión del riesgo sostenible en el tiempo. Para ello, es indispensable que las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía sumen esfuerzos y asuman responsabilidades compartidas, a fin de consolidar un sistema efectivo y eficaz, que no se limite a atender cada año las emergencias, sino que reduzca de manera real y permanente la vulnerabilidad del país.