Central
El grupo de trabajo está integrado por 21 entidades que se alinean bajo una misma visión de progreso.
El titular del MTPE, Óscar Fernández Cáceres, sostuvo que este documento histórico inspira a su portafolio para pasar de la fiscalización punitiva al acompañamiento productivo, porque la mejor ruta hacia los derechos laborales es una empresa que crece, sueña y se sostiene en el tiempo.
“No podemos esperar resultados distintos si seguimos aplicando las mismas recetas de hace décadas”, agregó al recibir las conclusiones que marcarán una pauta de gestión centrada en las personas.
La comisión priorizó seis áreas clave en las que intervendrá el Estado, ilustrando el impacto real que estas medidas tendrán en la vida cotidiana: el bajo desarrollo del capital humano, los altos costos de la formalización, la limitada capacidad de orientación y fiscalización, el limitado acceso a la protección social, la limitada diversificación de la economía y la tolerancia cultural a la informalidad.
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1 Potenciar el talento
El diagnóstico revela que el principal freno a la productividad es la brecha educativa. Si bien el 61.6% de nuestra fuerza laboral cuenta con educación básica, el informe vislumbra aquí el espacio para una revolución de capacidades.
Se sabe que un trabajador formal genera un valor agregado de 112,000 soles al año, frente a los 18,000 soles de uno informal; es decir, tiene el potencial de producir seis veces más. Sin embargo, el mercado enfrenta un “desajuste de talento”, donde las empresas no encuentran los perfiles que necesitan.
Con esta evidencia, concluye que es imperativo impulsar la certificación de competencias laborales y la educación técnica dual. El análisis demuestra que alinear la oferta educativa con los sueños de crecimiento de las compañías y validar la experiencia empírica de millones de peruanos es la vía para mejorar la empleabilidad y los salarios, que permite que la mayor productividad financie con holgura los beneficios de la formalidad.
Imaginemos a un joven técnico de 24 años en Lima Norte, que aprendió mecánica en el taller de su familia. Es un experto, pero sin un título oficial se estancan su salario y crecimiento. Con la certificación que se plantea potenciar, podría validar oficialmente sus saberes ante el Estado.
Ese “documento” dejaría de ser un simple trámite para convertirse en la llave que le abriría las puertas de una gran empresa automotriz, permitiéndole duplicar sus ingresos, acceder a beneficios de ley y calificar para su primer crédito hipotecario.
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2 Simplificación
El estudio pone en evidencia que la complejidad administrativa desincentiva la formalidad. El informe reta a cambiar la realidad de las 2,447.3 horas al año que las microempresas dedican actualmente a trámites burocráticos y cumplimiento normativo. Esto se presenta como una oportunidad de oro para implementar un “shock de simplificación” inteligente y digital.
Para una confeccionista de Gamarra que hoy pierde hasta 20 días laborables al año en colas municipales y trámites presenciales, este “shock” de simplificación significaría recuperar su recurso más valioso: el tiempo.
Esas horas rescatadas de la burocracia volverían a invertirse en su negocio, permitiéndole diseñar una nueva colección y contratar formalmente a dos costureras más, con la tranquilidad de saber que el Estado facilita su camino con trámites a un clic de distancia.
El diagnóstico indica la necesidad urgente de transformar las barreras burocráticas mediante la interoperabilidad y la simplificación de procesos. Concluye que regímenes tributarios y laborales más flexibles y escalonados no deben ser vistos como una pérdida de control, sino como mecanismos para acompañar el crecimiento de la empresa, convirtiendo a la formalidad en la decisión más lógica y beneficiosa para el éxito sostenible de los negocios.
3 Acompañamiento
El documento advierte que el enfoque puramente punitivo presenta limitaciones frente a la dispersión empresarial. Al reconocer el vasto universo de unidades productivas, el informe concluye que la fiscalización debe evolucionar hacia un sistema inteligente que priorice la prevención, la orientación pedagógica y la asistencia técnica.
La evidencia sugiere que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puede alcanzar un mayor impacto si se percibe como un socio estratégico del crecimiento empresarial. Promover el cumplimiento normativo mediante la educación y el acompañamiento es más efectivo para lograr que las empresas respeten los derechos laborales por convicción, entendiendo que la seguridad y la formalidad son inversiones rentables que mejoran el clima organizacional y la productividad.
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Ejemplo: el dueño de una pequeña ferretería en Arequipa dejaría de ver a los inspectores laborales como una amenaza a su capital de trabajo. Bajo el nuevo enfoque que propone el diagnóstico, al recibir una visita orientadora en lugar de una multa sorpresa, podría corregir sus normas de seguridad con acompañamiento técnico gratuito. Así, no solo protegería la integridad de sus empleados, sino también evitaría accidentes costosos que antes hubieran podido quebrar su negocio, consolidándose un ambiente laboral seguro y productivo.
4 Protección tangible
El informe identifica una desconexión crítica entre los ciudadanos y el valor de la seguridad social. Se concluye que es necesario trabajar incansablemente para mejorar la calidad, oportunidad y calidez de los servicios de salud y pensiones, superando la percepción de ineficiencia que hoy aleja a los trabajadores de la formalidad.
Una trabajadora agraria en Ica decidiría exigir su formalización no por obligación legal, sino por convicción personal. Vería que su seguro de salud le garantiza atención preventiva de calidad para ella y sus hijos, y que sus aportes le aseguran una vejez digna. Sentiría por primera vez que su esfuerzo diario tiene un respaldo real del Estado ante cualquier enfermedad o adversidad, brindándole una paz mental que el trabajo informal nunca pudo darle.
El diagnóstico resalta que, para incentivar la formalización, el trabajador debe sentir que su aporte mensual no es un “impuesto”, sino una inversión con retorno tangible: la certeza de un futuro seguro. Garantizar un “piso de protección social” robusto y visible es, según el estudio, la clave para que la formalización sea valorada como un patrimonio familiar indispensable y un derecho irrenunciable.
5 Diversificación
El diagnóstico confirma la alta dependencia de la economía en la extracción de recursos naturales y su impacto en la informalidad. El informe evidencia que el 66% de las exportaciones agropecuarias no tradicionales aún tienen poco procesamiento industrial, lo que limita la creación de empleos de calidad.
Es fundamental fomentar el desarrollo de nuevos motores de crecimiento como clústeres en turismo sostenible, industrias creativas, servicios tecnológicos y agroindustria procesada. La diversificación productiva se presenta como la vía necesaria para abrir un abanico de oportunidades a fin de que millones de peruanos se integren a actividades modernas y de alta productividad, construyendo una economía sólida y menos vulnerable.
Por ejemplo, un productor de quesos artesanales de Cajamarca vería cómo su esfuerzo trasciende el mercado local. Gracias a la conexión con cadenas de valor modernas, sus productos cumplirían estándares internacionales y llegarían a supermercados de la capital e, incluso, extranjeros. Ese salto a la formalidad y a nuevos mercados financiaría la educación universitaria de sus hijos y nietos que romperá el ciclo de pobreza rural.
6 Cultura de formalidad
El diagnóstico aborda la dimensión cultural, al señalar que la informalidad se normaliza ante un Estado percibido como distante. Concluye que es necesario construir un nuevo contrato social basado en la confianza mutua y la reciprocidad, transformando la percepción de la formalidad para que deje de ser vista como una carga y se convierta en un motivo de orgullo.
Sugiere que, mediante la mejora sustancial en los servicios públicos y campañas de sensibilización, se debe demostrar con hechos que ser formal abre puertas: acceso a crédito más barato, protección legal y la libertad de crecer sin límites. El objetivo es que cada emprendedor vea al Estado como su socio y a la formalidad como la llave maestra para un éxito sostenible. (PBQ)
Alianza multisectorial
Uno de los valores de este diagnóstico es que articula el motor económico de los organismos involucrados –ministerios de Economía y Finanzas; de la Producción; de Desarrollo Agrario y Riego; de Comercio Exterior y Turismo; de Energía y Minas; así como de Transporte y Comunicaciones– y el soporte social: ministerios de Desarrollo e Inclusión Social; de Educación; de Salud; de Vivienda Construcción y Saneamiento; de Cultura; y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
A su vez, estas entidades se vinculan con aliados técnicos: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Sunafil, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, Instituto Nacional de Estadística e Informática, EsSalud, y la Oficina Normalización Previsional.
El grupo de trabajo está integrado por 21 entidades del Estado que, por primera vez, se alinean bajo una misma visión de progreso y se destaca por su máxima eficiencia al no requerir recursos adicionales del Tesoro Público, financiándose con el presupuesto de cada entidad. Así, garantiza una lucha por la formalización sostenible y responsable, plenamente alineada con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030 y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
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