Derecho
La magistrada remarcó que el artículo 139 inciso 2 de la ley fundamental, vinculado con la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, precisa que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.
Cosa juzgada
El citado inciso, además, establece que “tampoco alguna entidad o su representante puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.
“Hacerlo [suspender resoluciones en trámite] constituye un agravio contra la autonomía e independencia del Poder Judicial, por lo que tengo la esperanza de que se asuma con seriedad y mucha responsabilidad el mandato referido al principio de la separación de poderes”, aseveró.
Tello subrayó que los jueces solo están sometidos a la Constitución y a la ley debido a que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para los derechos de las personas.
No obstante, lamentó que la autonomía y la independencia del PJ han sido, en ocasiones, resquebrajadas, pero que, en el año concluido, reafirmó estos valiosos principios cada vez que fue necesario. “Cada intento de presión, interferencia y deslegitimación mediática, dirigido a influir en decisiones específicas, se respondió con altura, pero con pronunciamientos claros y firmes, en defensa de los magistrados que actúan conforme al derecho y la justicia”, anotó.
La jueza recordó que la historia del Perú enseñó que una judicatura que se doblega ante el poder político coloca como primeras víctimas a los ciudadanos que no cuentan con influencias ni recursos para defenderse.
“Por eso, en resguardo de sus derechos, garantizamos que el Poder Judicial nunca se someterá a los intentos de interferencia, vengan de donde vengan, ni permitirá que en el país reine la impunidad”, puntualizó.
Compromiso de gestión
Janet Tello ratificó el compromiso, desde que inició su gestión en enero del 2025, de convertir el servicio en un instrumento que permita acabar con la miseria y el dolor de millones de compatriotas que no encontraban justicia. “Una justicia adormecida por las cifras macroeconómicas, que acepte convivir con la marginación, la discriminación y el abandono, nunca merecerá tal nombre”, expresó. La magistrada recalcó que no llegó a su cargo para cumplir solo con gestionar un servicio judicial secularmente insuficiente, ni para limitarse a mejorar sus indicadores estadísticos; sino, por el contrario, para lograr un cambio en la impartición de justicia.