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Las acciones se realizan desde el 20 de diciembre en coordinación con la Policía Nacional y en 13 municipalidades con jurisdicción en zonas de playa.
Estos acuerdos permiten el uso de cámaras de videovigilancia para el seguimiento de unidades infractoras, la identificación de paraderos informales y la incorporación de 81 fiscalizadores para reforzar el control durante el verano.