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Ese giro no tardó en trasladarse del discurso a la acción, pues desde los primeros días de gestión el mandatario impulsó una serie de operativos dirigidos a golpear el accionar de la delincuencia y el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios, espacios desde donde se articulan y dirigen muchas de las principales redes de extorsión que mantienen en vilo a los peruanos. El mensaje era claro: reducir el espacio de maniobra del crimen. El miedo, esta vez, debía cambiar de lado.
Pero la ofensiva no podía sostenerse solo en acciones aisladas. Para consolidar el cambio de estrategia, era necesario dotar al Estado de herramientas legales que permitieran actuar con mayor eficacia. En ese contexto, el Ejecutivo aprobó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, una decisión con la que formalizó su nueva postura frente al avance del crimen y reforzó el despliegue de las fuerzas del orden en las zonas más golpeadas por la inseguridad.
La estrategia se completó con un ajuste clave en el frente penitenciario. En paralelo, el Ejecutivo modificó el Reglamento del Código de Ejecución Penal para reforzar el régimen cerrado especial en los establecimientos penitenciarios. Mediante el Decreto Supremo Nº 019-2025-JUS, se endurecieron las medidas disciplinarias en los penales de todo el país. El objetivo era claro y coherente con la línea trazada desde el inicio: recuperar el control de las calles y de las cárceles para quitarle espacio a la criminalidad.
Ese enfoque también se trasladó a las calles. Con el correr de los días, el presidente dejó en claro que no gobernaría desde el escritorio. Tras la aprobación del estado de emergencia, recorrió distintos distritos de la capital para patrullar y supervisar in situ las acciones de las fuerzas combinadas –Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Serenazgo–, con el propósito de reforzar la presencia del Estado y devolver la tranquilidad a las familias peruanas.
Estos recorridos permitieron, además, ajustar y optimizar el estado de emergencia para obtener mejores resultados. Así, a inicios de noviembre, el Ejecutivo reforzó la estrategia mediante el uso de tecnología satelital, mayores restricciones en los establecimientos penitenciarios y una mayor presencia de cadetes en labores de apoyo. Con estas y otras medidas complementarias, el Gobierno reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y consolidó una estrategia integral orientada a fortalecer la presencia del Estado en el territorio.
Pero la ofensiva contra la criminalidad exigía atender otros frentes. Uno de ellos era el control de las fronteras. En ese marco, el Mandatario realizó visitas a las zonas limítrofes de Tumbes y Tacna, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso irregular de personas que pudieran representar un riesgo para el país. El mensaje volvió a ser directo: se fortalecerá el principio de autoridad en las fronteras y el Estado actuará con firmeza frente a quienes operen al margen de la ley.
Recorriendo el país
Sin embargo, la inseguridad ciudadana no es el único problema que arrastra el país. En las distintas regiones persisten brechas acumuladas por décadas de abandono estatal. Resolverlas exige algo más que decisiones adoptadas desde Lima: requiere presencia, escucha y conocimiento directo de la realidad regional y local.
Con esa premisa, el presidente viene recorriendo diversas regiones del país con el objetivo de atender demandas históricas, recoger las preocupaciones de la población y encaminar soluciones sostenibles. Hasta la fecha, el Jefe del Estado ha visitado Huánuco, Junín, La Libertad, Lima (Chancay y Cañete), Tacna, Cajamarca, Áncash, Tumbes, Piura, Cusco, Ayacucho, Loreto y la zona del Vraem.
“Es fundamental escuchar de manera directa las preocupaciones y expectativas de cada región. Contamos con una formación descentralista y, fieles a ese origen, recorremos todo el país para trabajar en territorio y al lado de la población”, subrayó el Jefe del Estado.
A lo largo de este 2026, el presidente completará su periplo nacional y continuará liderando la lucha contra la inseguridad ciudadana como uno de los ejes centrales de su gestión. Será también el año en que entregará la banda presidencial al próximo mandatario, no como un acto meramente protocolar, sino como la culminación de una etapa de transición. Así, al término de este proceso, quedará delineado un cambio en la forma de gobernar y enfrentar los desafíos del país: un Estado que pasará, en los hechos, de la defensiva a la ofensiva.
Estabilidad económica y fiscal
La seguridad ciudadana no es el único eje de la agenda presidencial. Otro de los objetivos centrales del presidente José Jerí es preservar la estabilidad económica y la solidez fiscal, con la mirada puesta en dejar bases firmes al próximo gobierno que permitan sostener un crecimiento a mayores tasas, con impacto directo en la generación de empleo y la reducción de la pobreza.
En esa línea, el 29 de octubre el Jefe del Estado sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, con el objetivo de coordinar acciones orientadas a consolidar la estabilidad económica y monetaria del país y fortalecer la confianza en el Perú como destino de inversión. Durante el encuentro, destacó que la estabilidad económica constituye un pilar central de su gestión, al mismo nivel que la seguridad ciudadana. Subrayó, además, el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica y la continuidad institucional, sustentado en una estrecha coordinación entre la política fiscal y la política monetaria.
Algo más
Una de las medidas incorporadas en el marco del estado de emergencia fue la obligatoriedad del izamiento de la Bandera y la entonación del Himno Nacional en las plazas principales de las distintas municipalidades e instituciones del país.
La disposición tuvo como objetivo reforzar la identidad nacional y el sentido de pertenencia en un contexto marcado por la lucha contra la criminalidad.
Con la medida, el Gobierno buscó no solo fortalecer las acciones en materia de seguridad ciudadana, sino también promover la unidad nacional y el respeto a los símbolos patrios, como parte de una estrategia integral de recuperación del orden y la cohesión social.