Derecho
Periodista
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En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, el experto manifestó que, si bien se ve un problema de inseguridad ciudadana, desde el punto de vista económico ha sido un año positivo para el país, pues está creciendo, lo cual se traduce en que, por ejemplo, se aprecian cada vez más construcciones y los indicadores que publica el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) identifican un desarrollo de la economía nacional.
Incertidumbre
“El crecimiento de este año no es que se vaya a igualar en el 2026, pero no desacelerará demasiado. Los economistas señalan que habrá un decrecimiento que siempre existe, porque se vive un periodo de incertidumbre respecto a quién ganará las elecciones”, expresó.
En la actualidad, refirió, no se ve un candidato fuerte antisistema, los que lideran son aspirantes más cercanos a un modelo económico liberal, “así que es probable que si esto se mantiene las expectativas de inversión no decaigan, con lo cual las empresas aseguran, hasta la fecha, que continuarán invirtiendo”.
“Y claro, desde el punto de vista macroeconómico la inversión privada es muy importante, tanto para mantener el empleo formal como para su crecimiento”, afirmó el socio principal del estudio Benites Vargas & Ugaz Abogados.
En este contexto, Acevedo recordó que la informalidad es un signo del Perú desde hace muchos años. “Es probable que se mantenga el porcentaje de informalidad y la idea es que el próximo año los candidatos aborden este problema, sobre cómo atacar la informalidad, cómo ser más formales en el Perú el próximo año y los subsiguientes”, recalcó.
El experto dijo que se debe tratar este problema desde lo que le corresponde a cada sector; en la economía, en lo tributario y en lo laboral, y determinar qué se podría hacer desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
“Además, no se deberían aprobar medidas ni dictar normas rígidas, porque implicaría una menor posibilidad de inversión en el Perú. Estamos ahora en una franca competencia con los demás países de la región en temas de exportación y tampoco hay una presión demasiado grande respecto a rigidizar las reglas”, remarcó.
En contraposición, mencionó que el Poder Judicial (PJ) y el Tribunal Constitucional (TC) han estado reglamentando y estableciendo criterios o reglas que modificaron el panorama regulatorio laboral. “Los empresarios y trabajadores necesitamos reglas claras y no que haya cambios de jurisprudencia, de criterios, lo cual afecta el panorama”, anotó.
“A veces un cliente me consulta, ‘Jorge Luis, ¿qué hacemos en este tema?’ y yo le digo, ‘mira, la jurisprudencia ha dicho hace cinco años A, pero ahora está diciendo B’, sobre temas que no están regulados”, expresó.
Por ejemplo, dijo, en el tema del acceso a los datos del trabajador si bien existe una Ley de protección de datos personales, no hay como tal una ley de acceso a la información laboral en correos electrónicos, medios digitales o celular.
“Existe un proyecto de Ley general de trabajo que está durmiendo hace 20 años y que contaba con un 80% de consenso, más o menos; es un buen índice de acuerdo entre los empleadores y trabajadores. Hace dos o tres años los gremios empresariales y sindicales se estaban reuniendo en mesas bipartitas para seguir discutiendo esta propuesta”, rememoró.
Para Acevedo, si ya se cuenta con un consenso de esa magnitud, ¿por qué no retomar un proyecto de Ley general de trabajo que establezca las normas a nivel general en materia laboral? “Esto sería ideal. Tenemos varias normas dispersas, como la Ley de productividad y competitividad laboral, la norma sobre los feriados, la de utilidades. Hay varias normas partidas y no tenemos una Ley general de trabajo que compile todo. Creo que ese es un buen paso”, agregó.
Código
“Otro tema que se está discutiendo es un nuevo Código Procesal del Trabajo, el cual se debería abordar en el próximo Congreso de la República. Debemos ver si es necesario o no, si es indispensable hacer un código o lo que necesitamos es la contratación de más jueces para agilizar los procesos, sobre todo, los contenciosos administrativo”, enfatizó.
Estos casos, afirmó, duran un promedio de cinco años en los procesos principales y en la ejecución otros cinco años. “Te pasas litigando diez años. ¿Cómo agilizamos los procesos? ¿A través de un nuevo código o mediante acciones de implementación de nuevos juzgados? Es lo que se debería también debatir”, subrayó.
“Una persona quiere una justicia rápida. Entonces la interrogante es cómo hacemos que la justicia sea más rápida para la persona que demanda, cualquiera que sea: el trabajador, empleador o pensionista”, puntualizó.
Servicio civil
Jorge Luis Acevedo manifestó que el próximo año debería debatirse también el régimen del servicio civil, porque el actual Parlamento “pecó de populista en el sector público. Aprobó leyes que atentan contra la meritocracia, al incorporar personal a la administración estatal sin necesariamente pasar por concurso público”.
Además, refirió, “hizo los CAS [contratos administrativos de servicios] indefinidos y estableció que, por ejemplo, se mantenga la Ley N° 24041, que ya debería desaparecer. Hay cuatro regímenes en la administración estatal: CAS, 728, 276 y Servir [Autoridad Nacional del Servicio Civil]”.
“En el sector público deberíamos contar con un solo régimen y abordarse la reforma desde un punto de vista meritocrático. Es importante que la meritocracia sea el punto principal de cualquier reforma que se ejecute en el servicio civil”, aseveró.
Acevedo consideró necesario que el próximo Poder Legislativo, que contará con diputados y senadores, impulse estas modificaciones vinculadas con el personal de la administración estatal. El actual Congreso se concentró más en temas laborales del sector público y no tanto en el privado. “Felizmente que fue así porque en las comisiones de trabajo había proyectos de ley vinculados con el sector privado que no voy a detallar, pero que eran sumamente populistas, antitécnicos y no llegaron al pleno”, reveló.