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Al respecto, el enfoque de integridad se orienta a evaluar y fortalecer el desempeño ético de los servidores y funcionarios, así como a identificar y mitigar riesgos que puedan facilitar prácticas contrarias a la ética o actos de corrupción. Su aplicación promueve una actuación preventiva, diligente y oportuna en el ejercicio de la función pública.
En ese marco, el Modelo de Integridad reúne orientaciones organizadas de manera sistémica que buscan fortalecer la capacidad preventiva y de respuesta frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. No se trata de un instrumento aislado ni de recomendaciones abstractas, sino de un marco de trabajo para implementar el enfoque de integridad en cada entidad.
Con la aprobación del Decreto Supremo N.º 148-2024-PCM, el Modelo de Integridad se consolida como marco obligatorio para todas las entidades públicas.
Esta decisión representa un avance normativo relevante, no porque incorpore nuevos trámites, sino porque reafirma la importancia de fortalecer una cultura institucional orientada al interés general y a la creación de valor público.
Este proceso no es reciente. Se inició con el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que incorporó por primera vez un Modelo de Integridad, y continuó con la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022, hasta su actualización en el 2024. A ello se suma su alineación con los estándares de la OCDE, en el marco del proceso de adhesión del Perú a esa organización.
El principal desafío no es solo el cumplimiento normativo, sino también implementar prácticas que mejoren la relación entre las entidades y la ciudadanía. Esto implica tomar decisiones fundamentadas, asumir responsabilidades cuando corresponda y corregir el rumbo cuando las circunstancias lo exijan, fortaleciendo las condiciones internas en las entidades para el logro de una cultura de integridad sostenible.
Desde esta perspectiva, el Modelo de Integridad permite analizar cada acción adoptada por la entidad. No se limita al cumplimiento de procedimientos formales, sino que reconoce que toda actuación pública genera un impacto. Ese impacto debe ser coherente con los valores institucionales y responder a las expectativas legítimas de la ciudadanía.
Por ejemplo, al contratar bienes o servicios, el Modelo de Integridad exige verificar antecedentes, gestionar posibles conflictos de interés y justificar de manera transparente las decisiones adoptadas.
Para verificar la aplicación de este proceso, el Estado cuenta con el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), que permite medir el grado de madurez de una entidad frente a la implementación del Modelo de Integridad, identificando avances y brechas.
Su alcance se ha ampliado progresivamente y aunque la evaluación es gradual, implementar el modelo es obligatorio para todas las entidades públicas. La integridad se consolida al integrarse en el trabajo diario, no como un requisito formal. La Secretaría de Integridad Pública refuerza su compromiso de apoyar a las entidades, fomentando una gestión pública transparente, responsable y preventiva.
El Modelo de Integridad define una ruta. El reto es aplicarla con consistencia, porque la integridad no es un trámite: es una forma de servir.
Una segunda línea de defensa
Los casos de corrupción no son cifras abstractas, generan pérdidas económicas, afectan la calidad de los servicios y deterioran la confianza pública.
La Contraloría General de la República calculó en el 2023 que la corrupción y la inconducta funcional ocasionaron perjuicios en cerca del 13% del presupuesto público. Al 2025, datos de la Procuraduría Anticorrupción dan cuenta de más de 1,800 millones de soles pendientes de cobrar por concepto de reparación civil.
La lucha contra la corrupción es también una lucha contra la impunidad. No obstante, el Estado no puede actuar solo cuando el daño ya ocurrió. Requiere capacidad preventiva. Las entidades públicas gestionan procesos sensibles todos los días: contratan bienes y servicios, administran presupuestos y resuelven procedimientos que impactan en la ciudadanía.
Esa es la primera línea de defensa, que presupone la supervisión de las decisiones que se adoptan en cada unidad de organización. Sin embargo, ninguna institución puede protegerse solo desde la gestión diaria. Necesita una estructura especializada. Allí cobra importancia el Modelo de Integridad como estructura de trabajo para implementar una segunda línea de defensa frente a la corrupción.
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