Derecho
Mientras que los apoyos son formas de asistencia libremente elegidas para facilitar el ejercicio de derechos, las salvaguardias constituyen medidas orientadas a asegurar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe dicho apoyo.
Logros
Así, en el contexto de su implementación, entre enero y agosto del presente año, la administración de justicia atendió más de 1,000 solicitudes de apoyos y salvaguardias presentados por personas con discapacidad en los 34 distritos judiciales del país.
Esto conforme lo detalla la presidenta del Poder Judicial (PJ) Janet Tello Gilardi, durante una reciente exposición sobre “El rol del Poder Judicial del Perú en la protección de los derechos de personas con discapacidad”, para una publicación del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, Argentina.
Tello Gilardi explica que en dicho período se presentaron 1,274 solicitudes de apoyos y salvaguardias en todo el país, lo que evidencia su incremento sostenido, tras la entrada en vigor en setiembre del 2018, del Decreto Legislativo N° 1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
En el 2019 se registraron 404 de ese tipo de requerimientos; en el 2020 fueron 485; 928 en el 2021; en el 2022, 1,245; en el 2023, 1,615; en el 2024, 1,813; datos proporcionados por la Subgerencia de Estadística de la Gerencia de Modernización, Planeamiento y Presupuesto de la institución judicial peruana.
Ello es un reflejo de la creciente confianza de las personas con discapacidad en este sistema, donde cada solicitud representa mucho más que un trámite, es la reafirmación de que su voz posee fuerza jurídica, reconocimiento y un valor humano incuestionable, afirma la titular del PJ.
En esa medida considera que el PJ ha emergido como un actor clave en la consolidación y garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
Considera, además, que más allá de ser un mero intérprete de normas, la judicatura es ahora un agente activo de cambio social, responsable de transformar los principios de la ley y los tratados internacionales en realidades palpables para millones de personas históricamente marginadas.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el Perú cuenta con 3 millones 209,261 personas con discapacidad, lo que representa el 10% de la población nacional.
Detrás de este dato estadístico se encuentran millones de ciudadanos y ciudadanas que durante mucho tiempo vieron limitada su participación plena en la sociedad, y que ahora encuentran en la ley y en la justicia un camino hacia la igualdad real, enfatiza la magistrada.
Cambio paradigmático
El impacto del sistema de apoyos y salvaguardias no solo se mide en números, sino también en el fortalecimiento de la autonomía, la dignidad y la participación de personas con discapacidad en la vida social y jurídica del país, consolidando un modelo de justicia más humano, accesible e inclusivo, refiere Tello Gilardi.
Recalca que la incorporación de dicho sistema impulsada por el Decreto Legislativo N° 1384 y posteriores directrices, refleja un cambio paradigmático, del modelo tutelar que limita a las personas con discapacidad a un modelo de autonomía, voluntad y dignidad.
Esta transición no fue solo normativa, sino cultural, y el PJ desempeña un papel fundamental para que esa transformación, detalla.