Esta acción evidencia que abordar las circunstancias particulares surgidas en los últimos años, tales como la descentralización productiva y las nuevas estructuras empresariales, continúa siendo parte de la política laboral.
Por ello, se recomienda que las empresas diseñen y auditen la descentralización de sus actividades y las estructuras colaborativas desde el frente de cumplimiento laboral; promoviendo que dichas prácticas se repliquen en toda la cadena de suministro.
El Informe reconoce el crecimiento de la economía globalizada, las distintas estructuras o estrategias derivadas de las actividades empresariales y el proceso de transformación por los avances tecnológicos; pero recuerda que los empleadores deben cumplir con la normativa laboral vigente.
Asimismo, como parte de la debida diligencia, enfatiza la importancia de adoptar medidas proactivas para identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que las operaciones puedan generar sobre los derechos de los trabajadores. De otro lado, el documento define la cadena de suministro como el conjunto de empresas, actores y procesos involucrados en la ejecución de un servicio o la generación de un bien.
Entre las recomendaciones del Informe se destacan tres propuestas de medidas de promoción; que -no obstante- dependen de acciones de implementación concretas de parte del actual gobierno o que podrán ser agregadas en la agenda política del próximo Congreso o Ejecutivo. La primera consiste en evaluar el marco normativo vigente en materia de relaciones laborales colectivas, con el fin de establecer disposiciones que promuevan la negociación colectiva y respondan a las nuevas formas de empleo impulsadas por la digitalización y automatización.
Ello implica garantizar la inclusión de nuevos actores laborales, promover la igualdad de género, proteger a trabajadores migrantes o autónomos, y adoptar prácticas sostenibles frente al cambio climático; asegurando así la protección efectiva de los derechos laborales en un contexto de transformación empresarial y en toda la cadena de suministro.
La segunda propuesta plantea que, en el marco de los reconocimientos otorgados a las empresas, se incluyan criterios vinculados a la conducta empresarial responsable y a la debida diligencia, con énfasis en los derechos colectivos de los trabajadores. La finalidad es incentivar que las empresas implementen medidas de debida diligencia que fomenten una cultura de prevención y respuesta en todas las redes de subcontratación.
Finalmente, la tercera propone diseñar una estrategia de capacitación y campañas de difusión. En materia de capacitación, se sugiere abordar conceptos básicos de debida diligencia dirigidos a representantes de la parte laboral y la parte empleadora, y a funcionarios del Ministerio de Trabajo; mediante talleres, seminarios y actividades de capacitación que informen sobre la importancia y los beneficios de la debida diligencia en toda la cadena de suministro.
En lo referido a las campañas de difusión, se recomienda que las áreas competentes del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, en articulación con entidades vinculadas, promuevan una cultura empresarial de respeto a los derechos laborales en toda la cadena de suministro, a fin de consolidarla en las distintas actividades productivas del país.
