Editorial
Las estadísticas respaldan este giro necesario. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 53.8% de las mujeres en el Perú fue víctima de violencia psicológica, física o sexual alguna vez en el 2023; la violencia psicológica y/o verbal fue la más frecuente con 49.3%.
Asimismo, aproximadamente el 35.6% de mujeres de entre 15 y 49 años reportó violencia familiar en los últimos 12 meses; de estos; 34.8%, violencia psicológica o verbal; 8.1%, violencia física, y 2.2%, sexual.
Las cifras de atención en los CEM son alarmantes: de enero a setiembre del 2024, estas dependencias atendieron 46,113 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes (0-17 años), de los cuales 16,447 casos (35.7%) fueron por violencia sexual.
Estos datos revelan dos verdades dolorosas: primero, que la violencia no solo afecta a mujeres adultas, sino también a jóvenes, personas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad; y segundo, que el problema no es episódico, sino estructural. La ministra Ana Peña tiene razón al afirmar que esto “no es de hoy”, sino una historia larga de relaciones desiguales y silencios cómplices.
La transformación institucional propuesta busca romper ese silencio y responsabilidad histórica. Al implicar al grupo familiar, reconoce que la violencia no surge en el vacío: se reproduce en contextos los vínculos están rotos, en los que la educación de género no penetra, en los que los apoyos psicosociales y legales faltan. El cambio de nombre a Centros de Emergencia Mujer y Familia no es cosmético: supone ampliar la responsabilidad del Estado para abordar esas violencias invisibilizadas.
Pero la medida enfrenta retos enormes. Garantizar una atención legal, psicológica, acompañamiento para la autonomía de las víctimas y prevenir que los menores sufran secuelas o repitan patrones exigen recursos humanos capacitados, infraestructura adecuada y coordinación entre ministerios. No basta con disponer servicios: estos deben ser accesibles, eficaces y sensibles a particularidades culturales y regionales.
También será clave medir, fiscalizar y rendir cuentas: ¿cuántos familiares reciben atención?, ¿en qué regiones se ha expandido verdaderamente el servicio?, ¿cuál es la reducción de casos de violencia sexual en menores tras la intervención ampliada?
Este avance debe verse como una apuesta ética por preservar la dignidad humana y construir una convivencia en la cual la familia no sea escenario de horror, sino de protección. El Perú tiene una deuda moral con quienes han sufrido violencia familiar y estructural. La creación del Centro de Emergencia Mujer y Familia nos da la oportunidad de pagar parte de esa deuda. La infancia, la vejez, la discapacidad no pueden seguir siendo víctimas silenciadas. Una sociedad que protege a todos sus miembros es la que mayor derecho tiene a llamarse libre y justa.