¿El uso de agua procesada en plantas desalinizadoras es el futuro de la minería en Perú? ¿Dónde estamos como país para acercarnos a ese objetivo? Este artículo aborda los principales retos que presentan los proyectos de desalinización de agua para su uso en la minería.
En nuestra región, Chile, ante la necesidad impuesta por su geografía, ha tomado la delantera en el desarrollo de proyectos de desalinización de agua de mar. Una de las plantas desalinizadoras más grandes de Latinoamérica se encuentra en Puerto Coloso, Antofagasta, Chile, en Minera Escondida, operada por BHP Billiton.
Este proyecto requirió una inversión de 3,430 millones de dólares para la construcción de la planta e infraestructura requerida para transportar el agua, tuberías, estaciones de bombeo de alta presión, tanques de reservorio en la mina, instalaciones eléctricas de alto voltaje para su operación, entre otros. Además, Chile cuenta con más de 20 plantas desalinizadoras en operación, algunas otras en construcción, y se estima que más del 75% de las plantas desalinizadoras de agua que operan en este país son utilizadas para la minería.
En Perú, estamos lejos de esas cifras. Actualmente, no llegamos ni a cinco plantas de desalinización de agua en operación. En el 2023 se publicó la Ley N° 31863 declarando de necesidad pública e interés nacional la construcción de plantas desalinizadoras de agua de mar en la costa peruana y la explotación de aguas subterráneas salobres. Esta declaración es solo un paso muy inicial para un real marco regulatorio especial destinado a promover, incentivar y facilitar el desarrollo de proyectos de desalinización en el país. Desafortunadamente, Perú aún carece de regulaciones o normas especiales para abordar específicamente el desarrollo de estos proyectos.
Marco regulatorio promotor
Sin un marco regulatorio promotor, claro y eficiente, que proporcione predictibilidad y confianza al operador minero, los inversionistas, financistas, u otros beneficiarios de los proyectos de desalinización, quedaremos relegados en la modernización y optimización de recursos para nuestra industria minera. La certeza con respecto a los plazos o tiempos que puede tomar el desarrollo de estos proyectos, así como reglas claras para completar la etapa de permisos, es una piedra angular para la viabilidad del financiamiento del proyecto. Ante la carencia de un marco legal y regulatorio especial para el desarrollo de proyectos de desalinización de agua o, por lo menos, que otorgue claridad, perdemos competitividad como país.
Es cierto que el tiempo para completar los permisos para una planta desalinizadora variará dependiendo del alcance y complejidad de cada proyecto. Se estima que el proceso para completar los permisos puede tomar más de cinco años. El tiempo será afectado dependiendo del tamaño del proyecto, su ubicación y área de influencia, sus usos propuestos y conectividad operacional, así como cualquier oposición o resistencia de comunidades afectadas, entre otros factores.
Sin embargo, la incertidumbre en cuanto a plazos y marco regulatorio eficiente para los proyectos de desalinización de agua no es un problema exclusivo de Perú. La experiencia reciente en Chile ha sido similar. El tiempo estimado en Chile para completar los permisos no está claro y en ciertos casos puede pasar los cinco años. No obstante, las cifras nos muestran que nuestros vecinos del sur han logrado desarrollar más de cuatro veces el número de plantas desalinizadoras que nosotros.
Vinculado directamente con los plazos de desarrollo, otro de los principales retos que enfrentan estos proyectos son sus altos costos y, por ende, la problemática para el acceso al capital y financiamiento de gran escala. Los costos de planificación, construcción, desarrollo e implementación requieren una inversión significativa, que generalmente será asumida mediante financiamiento proveniente de terceros.
Existen diversas estructuras o modelos de financiamiento de proyectos, donde pueden participar entidades multilaterales, banca de desarrollo, el mercado de valores internacional y local, así como el sector financiero en general.
La estructura de financiamiento guarda una relación estrecha con el nivel de participación de los sectores público y privado en el proyecto específico y sus riesgos. Por ejemplo, será clave para entender la viabilidad financiera de estos proyectos si se encuentran sujetos a una tarifa regulada (garantizada o no), cuentan con estabilidad jurídica y tributaria o algún otro régimen de promoción (obras por impuestos u otros), si se trata de un proyecto autofinanciado o cofinanciado, entre otros.
Actualmente, los pocos proyectos de desalinización de agua para su uso en la minería solo son impulsados por algunos actores de la industria minera peruana. El rol promotor del sector público para este tipo de proyectos brilla por su ausencia. Para el desarrollo sostenible de la minería en Perú, resulta importante que existan mecanismos que permitan atraer inversionistas que planeen desarrollar proyectos de desalinización de agua de mar.
Los inversionistas que apuestan por el desarrollo de este tipo de proyectos, son aquellos que lo hacen a largo plazo por el país, generan puestos de trabajos, fortalecen cadenas de producción formales, y contribuyen con acortar la brecha de infraestructura. Ello, además, podría coadyuvar a una estrategia integral para la reducción de la minería ilegal e informal, que tanto daño genera al país.
En ese sentido, para que pueda existir una real modernización y optimización de forma transversal en la minería peruana, será clave que se desarrolle un marco regulatorio con incentivos y tenga un rol estratégico para promover proyectos de desalinización de agua para su uso en minería.
Para lograr este objetivo, la problemática debe ser abordada desde la parte técnica, pero con una marcada visión de eficiencia, centrada en simplificar la carga regulatoria innecesaria y proporcionando incentivos adecuados para atraer más inversionistas a estos proyectos.
