Opinión
Periodista
La fundación de esta Corte no fue un hecho aislado. Responde a la visión de Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión, quienes entendieron que la independencia política sería incompleta sin instituciones sólidas que garantizaran el respeto a los derechos. La justicia, en consecuencia, se convirtió en un baluarte de la República naciente. Mientras se libraban batallas decisivas en Junín y Ayacucho, en Trujillo se ponían los cimientos de una institucionalidad que hasta hoy sostiene la convivencia democrática.
El acta de instalación, firmada por Sánchez Carrión, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Gregorio Luna, Francisco Xavier Mariátegui y Gerónimo Agüero, no es solo un documento administrativo. Es la expresión escrita de un ideal republicano: el acceso a la justicia como derecho fundamental de los ciudadanos liberados del yugo colonial. Esa acta, exhibida en la Sala Histórica Teófilo Idrogo Delgado, de la Corte de La Libertad, nos recuerda que la independencia no fue únicamente una gesta militar, sino también un proceso de institucionalización jurídica.
La historia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad revela, además, un aspecto que pocas veces se subraya. En sus inicios, esta corte tuvo jurisdicción sobre vastos territorios del norte peruano: La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Amazonas. Fue, por tanto, una verdadera Corte Suprema regional, destinada a organizar la administración de justicia en territorios recién liberados. Esta centralidad explica por qué el documento de 1824 tiene un valor simbólico que trasciende lo local: representa el nacimiento de la justicia republicana en todo el norte del país.
Hoy, cuando el Ministerio de Cultura reconoce el acta como Patrimonio Cultural de la Nación, no se trata únicamente de un homenaje a la memoria. Es también un llamado a valorar la institucionalidad como uno de los bienes más preciados de la República. En tiempos en los que la confianza ciudadana en la justicia se encuentra en permanente discusión, volver a los orígenes puede ofrecer lecciones profundas.
En primer lugar, nos recuerda que la justicia es inseparable de la libertad. La independencia no se concibe sin tribunales capaces de limitar el poder y garantizar los derechos de los ciudadanos. La República peruana nació con esa convicción, y por eso Bolívar y Sánchez Carrión impulsaron con urgencia la creación de la Corte de La Libertad antes incluso de que la guerra terminara.
En segundo lugar, nos enseña que las instituciones son obra de personas con visión. Vidaurre, Sánchez Carrión y los primeros magistrados no solo firmaron un acta: crearon un legado. La solemnidad de sus juramentos, el lenguaje cargado de fe en Dios y en la Constitución, la ceremonia celebrada ante prelados, abogados y ciudadanos son muestra de que fundar una corte era, en sí mismo, un acto de afirmación republicana.
En tercer lugar, el reconocimiento patrimonial obliga a proteger y difundir esta memoria. El acta, los documentos y enseres históricos, el antiguo local de la Corte en el otrora convento de La Merced, todo ello constituye un conjunto invaluable que debe preservarse no solo como curiosidad archivística, sino también como parte del relato nacional sobre cómo nació nuestra democracia. La inauguración de la sala histórica en el 2019 y la actual declaratoria del Ministerio de Cultura son pasos en la dirección correcta, pero también deben motivar a la ciudadanía a visitar, conocer y valorar este legado.
La justicia, decíamos, es un pilar de la República. Sin ella, la independencia hubiera quedado incompleta. Y sin instituciones sólidas, el país corre el riesgo de repetir ciclos de arbitrariedad y desconfianza. Recordar los 201 años de la Corte de La Libertad no es, entonces, un ejercicio nostálgico, sino un acto de reafirmación republicana.
En un contexto donde los ciudadanos demandan una justicia más cercana, transparente y eficiente, mirar hacia 1824 puede ser inspirador. Si en medio de la guerra y la incertidumbre los fundadores de la Corte tuvieron la audacia de organizar tribunales y jurar lealtad a una Constitución, hoy tenemos el deber de honrar ese ejemplo fortaleciendo el Poder Judicial y renovando la confianza en él.
El acta de Trujillo no es solo un testimonio del pasado; es también una advertencia y una esperanza. Una advertencia, porque nos recuerda que la justicia no puede quedar relegada ni subordinada a intereses circunstanciales. Y una esperanza, porque demuestra que la voluntad de construir instituciones puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles de la historia nacional.
El reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación llega en un momento oportuno. Nos invita a repensar el valor de nuestras instituciones y a reafirmar que la justicia, más que un servicio público, es un derecho esencial y una garantía de libertad. La Corte de La Libertad, pionera en el siglo XIX, sigue iluminando el camino en el siglo XXI.