Economía
Afirmó que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) ya cuenta con terrenos aptos para la implementación de tres Plantas Satélite de Regasificación en los distritos de Kimbiri y Pichari, y que está en curso el proceso de licitación para el proyecto de masificación de gas natural para Quillabamba, el cual culmina el próximo mes.
Ejecución
La viceministra, se refirió asimismo a las iniciativas que están siendo ejecutadas, desde el sector público y privado, que permitirán atender a un mayor número de hogares en un menor tiempo. “Es nuestra prioridad que el gas natural llegue a más regiones, no solo por ser más económico, sino por el impulso que dará a la industria y la economía local”.
Respecto al vale de descuento de GLP, Cárdenas mencionó que, debido a la resolución viceministerial que modificó los criterios para acceder a este programa, el número de familias beneficiadas en La Convención se incrementaron a 27,000.
“Este programa está dirigido a la población más vulnerable, por lo cual el FISE está trabajando con los gobiernos locales y las empresas distribuidoras de energía eléctrica, con el fin de impulsar la difusión de esta iniciativa y aumentar el número de familias empadronadas”, aseveró.
Indicó que el Minem impulsa el desarrollo de nuevos yacimientos de gas natural, lo cual abriría otros escenarios para la masificación. “Si se desarrolla Candamo, se podría trazar una nueva ruta para poder llevar el gas a las regiones del sur, lo que gatillaría nuevos proyectos energéticos”, puntualizó.
Certificación
El Minem prepublicó, en su portal institucional, la Resolución Ministerial Nº 248-2025-MINEM/DM, que aprueba los requisitos de competencia para la certificación de las personas naturales que están facultadas para auditorías energéticas en el sector público.
Esta certificación es un reconocimiento formal que acredita que determinada persona posee los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para realizar auditorías energéticas en entidades del Estado.
La norma encarga esta certificación a los organismos de certificación de personas, que deben estar acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) o por entidades internacionales equivalentes.
Además, coadyuvará a la reducción del gasto público, y las entidades podrán hacer un uso más eficiente de la energía en los edificios y procesos de consumo energético en el Estado.