Hace 75 años, el Perú institucionalizó una función esencial para el equilibrio entre la fuerza y la legalidad: el Cuerpo Jurídico Militar-Policial, un cuerpo profesional de abogados y abogadas con rango militar y policial cuya misión es garantizar la justicia en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y salvaguardar el Estado de derecho en escenarios donde la seguridad nacional y los derechos fundamentales convergen.
El origen de este cuerpo especializado se remonta al 29 de mayo de 1950, con la promulgación del Decreto Ley N° 11380, que instituyó la tercera edición del Código de Justicia Militar. En él se estableció, por primera vez, la estructura, reclutamiento y promoción de un cuerpo especializado de abogados que prestarían servicios en la jurisdicción militar y policial con grados militares efectivos. Esta creación significó una verdadera transformación, con profesionales que se incorporaron a las fuerzas de seguridad para desempeñar funciones en dos ámbitos: judicial y administrativo.
En la actualidad, los oficiales jurídicos ejercen una función integral que abarca múltiples ramas del derecho. En el núcleo de su quehacer se encuentra el Derecho Militar, entendido como el conjunto normativo que regula la organización y funciones de las Fuerzas Armadas, y que se complementa con el Derecho Penal Militar-Policial, cuyo objeto es garantizar la disciplina mediante procedimientos específicos que, sin embargo, respetan los principios constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, está el Derecho Operacional, que aborda el marco jurídico aplicable a las operaciones militares y policiales, incluyendo la planificación, ejecución y control de misiones tanto en tiempos de paz como de conflicto. Esta disciplina es vital para asesorar a los comandos en la adecuada utilización de la fuerza, conforme a normas nacionales e internacionales, evitando el uso indebido o excesivo que comprometa la legitimidad institucional.
Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) orienta la actuación en escenarios bélicos y de conflicto armado, estableciendo límites al uso de la violencia y protegiendo a quienes no participan directamente en las hostilidades. Los oficiales jurídicos se forman en esta área para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú, contribuyendo a que la defensa nacional se ejerza conforme a estándares internacionales, humanitarios y de los derechos humanos.
Además, su función se extiende a áreas propias del accionar castrense y policial, como el Derecho Administrativo, que regula la organización y gestión de los organismos de defensa y seguridad; el Derecho Constitucional, que establece el marco de garantías y derechos fundamentales; el Derecho Civil, que influye en aspectos contractuales y patrimoniales; el Derecho Aeronáutico y Marítimo, vinculados a las competencias específicas de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra; y la normativa sobre Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, que enmarca la función de estas instituciones en el orden interno.
Esta amplitud legal exige a los oficiales jurídicos una formación académica y profesional sólida, que va mucho más allá del conocimiento jurídico tradicional. Por ello, la vivencia militar policial, junto con la preparación y actualización constante son pilares fundamentales para mantener la eficacia y legitimidad de sus funciones. El Centro de Altos Estudios de Justicia Militar (CAEJM) cumple un papel crucial en esta tarea, siendo el epicentro de la capacitación especializada, la investigación y la difusión del conocimiento jurídico militar policial.
En ese centro de excelencia se forman magistrados, jueces, fiscales, defensores, relatores y secretarios, los que actualizan sus competencias en Derecho Penal Militar, Derecho Procesal Militar, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Constitucional y otras disciplinas afines. La capacitación contempla además aspectos éticos y deontológicos que fortalecen el compromiso institucional y la defensa irrestricta de las normas constitucionales.
En esta lista de tópicos se incorporan también los nuevos desafíos, como la ciberseguridad, la guerra híbrida, las operaciones multinacionales y el impacto de las tecnologías en el Derecho Militar y Policial. Así, el Cuerpo Jurídico Militar-Policial se mantiene a la vanguardia, adaptando sus procedimientos y criterios a las exigencias de un entorno globalizado y complejo, sin perder la esencia de su misión: garantizar la legalidad en cada actuación, bajo el imperio del derecho y la disciplina castrense.
En su labor judicial, los oficiales jurídicos no solo emiten sentencias o dictan disposiciones fiscales; también interpretan y aplican normas específicas, basados en la realidad operativa y la necesidad de equilibrio entre la seguridad del Estado y las libertades fundamentales. En la labor de asesor, acompañan a los comandos en la gestión administrativa y operativa, asegurando que cada decisión se sustente en el marco normativo vigente, desde la planificación hasta la evaluación de las operaciones.
Así, la labor del Cuerpo Jurídico Militar-Policial es la de un eje transversal que sostiene la estructura jurídica y ética de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es un cuerpo que, con la sobriedad del uniforme y la precisión del derecho, ha sido fundamental para que el Fuero Militar-Policial no solo se entienda como un mecanismo de disciplina, sino como un verdadero garante de los valores democráticos, la protección del ciudadano y la defensa del Estado constitucional del Derecho.
En esta celebración del 75° aniversario, rendimos homenaje a quienes día a día encarnan la convicción de que la justicia y la legalidad no son conceptos abstractos, sino realidades que se construyen con rigor, vocación y permanente actualización. Al Cuerpo Jurídico Militar-Policial cuyos integrantes se despliegan en escenarios operacionales y actúan en tribunales, defendiendo con coraje el equilibrio entre la fuerza legítima y el respeto irrestricto a la ley, y entendiendo que más que un deber institucional, es una vocación que responde al compromiso supremo de servir a la Patria.
