Opinión
Directora de Carrera de Ing. Ambiental–ESAN University
En los últimos años, el interés por los criterios ESG ha crecido considerablemente en el ámbito empresarial peruano. Según un informe de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), más de 40 empresas están ya reportando voluntariamente información ambiental, social y de gobernanza, en concordancia con estándares internacionales como GRI (Global Reporting Initiative) o SASB.
Desde el sector público, el Ministerio del Ambiente ha desarrollado la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular al 2030, estableciendo lineamientos concretos para integrar prácticas sostenibles en sectores clave como agricultura, pesca, industria y residuos. Un ejemplo concreto de avance es el sector agroexportador, donde empresas como Danper, Camposol o Virú S. A. han implementado prácticas de eficiencia hídrica, uso de energías renovables y programas de inclusión laboral femenina.
A pesar de los avances, los desafíos son enormes. El Perú aún enfrenta una alta informalidad empresarial: más del 70% de los trabajadores se encuentran en el sector informal, limitando la implementación y monitoreo de estándares ESG en un amplio sector productivo. Asimismo, muchas mypes no cuentan con recursos ni capacidades técnicas para integrar criterios de sostenibilidad en sus operaciones.
En términos ambientales, el país enfrenta una deforestación acelerada. Solo en el 2022 se perdieron más de 150,000 hectáreas de bosque amazónico por actividades ilegales como la tala y la minería informal, incrementando las emisiones de carbono y afectando la biodiversidad. El Minam señala que más del 50% de los distritos del país tienen alta o muy alta vulnerabilidad climática, impactando a comunidades rurales, el acceso al agua y la agricultura de subsistencia. La sostenibilidad en el Perú debe medirse por su capacidad de transformar realidades concretas: acceso a agua limpia, empleo digno, bosques protegidos y ciudades resilientes. Para avanzar es clave fortalecer las políticas públicas que promuevan la sostenibilidad, fomentar la articulación entre sectores, facilitar el acceso al financiamiento climático para pymes, impulsar la inversión en innovación sostenible y promover una ciudadanía informada y activa.