Derecho
El experto sostuvo que, entre los principales aspectos, el TFL determinó que cuando un empleador presenta un medio probatorio en su recurso de apelación, este será debidamente valorado por la autoridad de segunda instancia: la intendencia correspondiente.
En el caso analizado se constató que el documento ofrecido por el empleador –que acreditaba medidas laborales adoptadas en favor de una trabajadora– no fue considerado al momento de emitir la resolución final, refirió el socio del área Laboral del estudio Miranda & Amado.
De acuerdo con el especialista, el TFL reafirmó la obligación de las intendencias de aplicar el principio de impulso de oficio en los procedimientos, lo cual implica ordenar actuaciones complementarias si los elementos existentes no son suficientes para determinar con claridad los hechos investigados o los argumentos del empleador. La finalidad es generar convicción sobre los medios probatorios ofrecidos o respecto de la veracidad de los hechos materia del procedimiento, recalcó.
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Además, explicó, es imprescindible que la autoridad administrativa ejecute, en función de las actuaciones complementarias, un análisis objetivo e integral sobre las acciones adoptadas por el empleador.
“Esto permitirá establecer si los actos imputados cesaron o persisten; y, en cualquiera de los escenarios, las autoridades sancionadoras laborales tienen la facultad de ordenar diligencias adicionales que garanticen un adecuado análisis de la existencia o no de la responsabilidad de los empleadores y, a su vez, una adecuada motivación de sus decisiones”, remarcó.
Cadillo manifestó que los criterios refuerzan el deber de las autoridades administrativas de garantizar el debido procedimiento y de emitir decisiones basadas en una valoración integral de la prueba.
La actuación del órgano resolutor es clave para la búsqueda de la verdad material, “especialmente, cuando los elementos aportados por el empleador pueden revertir las imputaciones y, por lo tanto, las multas que se plantearon en su contra”, aseguró.
En virtud de estos fundamentos, el Tribunal de Fiscalización Laboral declaró fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por el empleador y declaró la nulidad de la resolución de Intendencia, ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento que tome en cuenta las medidas presentadas y disponga, de ser necesario, diligencias complementarias, detalló el especialista.
Desde el 19 del presente mes, los criterios señalados ya son exigibles para todas las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo en el país, precisó Cadillo.
El hombre de leyes resaltó que la publicación de estos precedentes del TFL es relevante para uniformar el ejercicio de las facultades inspectivas y sancionadoras; y, en este caso, a fin de que estas facultades se ejerzan en línea con los principios de legalidad, impulso de oficio y verdad material.
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