Editorial
“[...] el reajuste presupuestal aprobado para el 2025 no debe verse como una dádiva, sino como una medida correctiva mínima en un país donde más del 40% de los adultos mayores no cuentan con una pensión [...]”.
Durante más de una década, esta pensión simbólica se mantuvo congelada frente al aumento del costo de vida, el encarecimiento de los productos básicos y las múltiples crisis económicas que ha atravesado el país. Por tal motivo, el reajuste presupuestal aprobado para el 2025 no debe verse como una dádiva, sino como una medida correctiva mínima en un país donde más del 40% de los adultos mayores no cuentan con una pensión contributiva y muchos viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
Pensión 65 es parte de una red de programas sociales, como Juntos, que han sido clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión. En el caso de Juntos, dirigido a madres gestantes y familias con hijos en edad escolar, el impacto positivo en la salud materno-infantil y la asistencia escolar es ampliamente reconocido. Ambas iniciativas representan más que una transferencia económica: son un símbolo del papel activo del Estado en el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables.
No obstante, la importancia de este aumento no debe hacernos perder de vista el desafío estructural. Aún hay adultos mayores que no acceden al programa por barreras geográficas, burocráticas o falta de información. Y todavía queda pendiente una reforma integral del sistema previsional, que garantice pensiones dignas no solo por medio de subsidios focalizados, sino también por medio de mecanismos sostenibles e inclusivos.
El aumento de Pensión 65 a 350 soles es, sin duda, una señal de avance. Pero también debe ser un punto de partida para revisar las políticas de protección social con una mirada más amplia, intergeneracional y territorial. El Estado tiene el deber de ampliar la cobertura, mejorar los mecanismos de control y, sobre todo, escuchar las voces de los beneficiarios. Porque la inclusión no se mide solo en cifras, sino además en la calidad de vida de las personas.
El objetivo principal de estas intervenciones estatales es garantizar que los adultos mayores que están fuera del sistema previsional y que, además, están ubicados por debajo de la línea de la pobreza o pobreza extrema, lleven una vida digna y no queden sin ningún tipo de protección o asistencia social. Se trata, por ende, de una intervención de justicia social.
En un país donde la desigualdad aún marca profundamente las oportunidades y la calidad de vida de muchos hogares, programas como Pensión 65 son recordatorios de que el bienestar colectivo solo es posible si ningún compatriota se queda atrás.