El otorgamiento de bonos a inspectores de Sunafil financiados con multas distorsionará labor
Trabajo de la entidad se debe medir por avances en la formalización y protección social, afirma abogada Mayén Ugarte.
“La medida introduce un vínculo directo entre el volumen de multas aplicadas y un beneficio económico directo para el personal de Sunafil, instalando un riesgo claro de distorsión. Paradójicamente, podría debilitar los fundamentos de la inspección laboral”, señaló.
La presidenta ejecutiva de la organización Horizonte Laboral manifestó que incentivar monetariamente a los inspectores a partir del monto de las multas abre la puerta a decisiones menos equilibradas y socava principios como la imparcialidad y la razonabilidad. “El proyecto debilita la percepción de objetividad institucional y puede dificultar aún más el cumplimiento efectivo”, afirmó.
Ugarte consideró que el proyecto tiene una visión errada de la Sunafil, pues la considera como un órgano recaudador o que su legitimidad depende de la cantidad de multas que aplica, lo cual no es correcto.
“A Sunafil debemos medirla por cuánta formalización y protección social logra, cuánto mejora la seguridad de los trabajadores, cuánto cumplimiento voluntario de la ley fomenta y cuántas acciones de acompañamiento a empleadores, especialmente Mypes, realiza”, comentó.
La organización considera que el proyecto introduce un mensaje disuasivo para la formalización, pues refuerza la imagen de un Estado persecutor y punitivo antes que la de ser un aliado del cumplimiento de la ley, lo cual desincentiva la transición hacia la formalidad.
"Para muchas pequeñas unidades productivas, la formalización sigue siendo una decisión de alto riesgo y de bajo retorno. Si a esto se suma el temor a ser fiscalizado con fines recaudatorios, el resultado será previsible: más evasión, menos cooperación y mayor distancia entre el Estado y quienes deben cumplir la ley”, consideró.
La abogada señaló que la manera de fortalecer a la Sunafil es a través de la mejora de sus capacidades, de reconocer el compromiso de su personal y profesionalizar más su acción.
“Ello debe hacerse bajo la lógica de impacto social que logre, no bajo metas de recaudación por multas. Los incentivos deben premiar a quienes logran transformar prácticas empresariales, no a quienes sólo imponen sanciones”, puntualizó.
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