Derecho
Una de las modificaciones más significativas se centra en la pornografía infantil. La ley establece penas de prisión de entre seis y diez años, además de multas económicas, para quienes produzcan, distribuyan o manipulen contenido relacionado con pornografía infantil utilizando IA, incluyendo las denominadas ‘deepfakes’ u otros contenidos generados artificialmente.
La medida, de este modo, responde a la preocupación de los legisladores por la facilidad con la que la IA puede ser utilizada para crear y difundir material de abuso infantil.
Difamación
En el ámbito de la difamación, la norma incorpora una sanción de uno a tres años de cárcel y multas para quienes difundan información falsa o denigrante a través de libros, prensa, medios de comunicación social o, crucialmente, mediante tecnologías de inteligencia artificial, incluyendo ‘deepfakes’. Esta inclusión busca proteger la reputación e imagen de las personas ante la potencial viralización de contenido manipulado con IA.
La estafa agravada también se ve impactada por esta nueva ley. Aquellos que utilicen la manipulación de voz, imagen, audio o movimiento corporal de terceros mediante IA para cometer fraude económico podrán enfrentar penas de prisión de cuatro a ocho años y multas. Esta disposición reconoce el sofisticado nivel de engaño que la IA puede facilitar en delitos patrimoniales.
La ley también aborda las infracciones contra la propiedad intelectual. Se sancionará la reproducción o difusión no autorizada de obras artísticas, fonogramas, emisiones de radiodifusión o grabaciones audiovisuales de autoría humana, con penas de prisión de dos a seis años. Asimismo, se penalizará la apropiación indebida de obras ajenas, ya sea copiándolas textualmente o alterándolas para ocultar la copia, con penas de tres a seis años de cárcel.
Propiedad intelectual
Finalmente, la norma endurece las sanciones para la elusión de medidas tecnológicas efectivas utilizadas para proteger derechos de propiedad intelectual, estableciendo penas de prisión de dos a cuatro años. Además, se introduce un agravante general en la Ley de Delitos Informáticos: el uso de inteligencia artificial o tecnologías similares en la comisión de cualquier delito podrá resultar en un aumento de la pena privativa de libertad de hasta un tercio por encima del máximo legal aplicable.
Durante su debate legislativo se señaló que la norma representa un esfuerzo significativo del Estado peruano para adaptar su marco legal a los desafíos que plantea la IA en el ámbito de la seguridad y la justicia en el país.
Seguridad
El Ejecutivo también publicó la Ley N.º 32313, que fortalece a la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante la creación de unidades ejecutoras en las regiones y frentes policiales. Asimismo, transfiere a dichas unidades la gestión administrativa de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP ubicadas en su jurisdicción.
Su objetivo es mejorar la eficiencia operativa de la institución y asegurar la continuidad y mejora de las escuelas de formación policial, garantizando su adecuado funcionamiento y su capacidad de respuesta frente a los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana.
El Ministerio del Interior será responsable de aprobar los lineamientos sectoriales para habilitar las nuevas unidades ejecutoras, en un plazo máximo de 90 días. Igual plazo aplica para la adecuación de las citadas escuelas de la PNP.