Opinión
Miembro del Consejo Directivo de Ceplan
Esto ha generado un debate entre la soberanía digital y la libertad de expresión, resalta el enfrentamiento que está teniendo Brasil con las empresas tecnológicas de EE. UU., que se amparan en la primera enmienda de la Constitución y en acciones que buscan paralizar la ley anti fake news, que impulsa Brasil con el objetivo de combatir la desinformación, que paguen impuestos y protejan los datos.
Un caso concreto es Alan dos Santos, acusado de difundir fakes news en Brasil. Él se ha refugiado en EE. UU. desde donde usa las plataformas estadounidenses para seguir operando, amparándose en la libertad de expresión. Dichas plataformas desafían abiertamente órdenes judiciales brasileñas.
Por otro lado, la Unión Europea, a través de la Ley de Servicios Digitales, ha buscado aumentar la responsabilidad de las plataformas en la moderación de contenido y la protección de datos. Sin embargo, ha recibido críticas de funcionarios estadounidenses, argumentando que podrían afectar los principios de libertad de expresión en EE. UU.
Algunos expertos en derecho digital han llegado a hablar de un “imperialismo digital”, en el que las grandes tecnológicas y el sistema legal estadounidense imponen sus propias reglas al resto del mundo, limitando la capacidad de los países para regular el ciberespacio de acuerdo con sus necesidades y valores. La lucha por la soberanía digital es una disputa de quién gobierna internet, y Brasil está en la primera línea de esa lucha, cuyo resultado tendrá repercusiones globales.
Urge lograr un equilibrio legal sin llegar: a la censura estatal, al rompimiento de Internet, imposición de impuestos digitales, y el aislamiento de países como la China. Debe haber respeto a las leyes locales dejando de aplicar la primera enmienda para proteger la desinformación deliberada que atacan a las democracias, cooperar con los procesos de extradición, controlar el monopolio de las tecnológicas y exigir cumplimiento extraterritorial.
Toca impulsar un tratado global que garantice la gobernanza digital que se podría hacer desde la ONU o la OMC, que promueva de manera efectiva la transparencia, educación y marcos legales audaces, sin caer en el riesgo de sobrerregular.