Editorial
“Tras largos años de abandono, es plausible que el Ejecutivo haya abordado el hacinamiento penitenciario por las astas en búsqueda de una solución”.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) publicado en enero del 2024, la capacidad de albergue de las 68 cárceles a escala nacional era de 41,019 internos. No obstante, la población penitenciaria ascendía a 94,911 personas. Es decir, existía una sobrepoblación de 53,892 presos, número que equivale a una sobrepoblación de 131% y a un hacinamiento de 111%.
Esta situación constituye un problema de gran magnitud dado que el hacinamiento no solo implica una violación a los derechos fundamentales de los internos, sino que también obstaculiza la resocialización y compromete seriamente los esfuerzos desplegados por las autoridades con el fin de evitar que las cárceles se conviertan en centros desde los cuales el crimen se irradia.
En el contexto de la lucha actual contra la delincuencia común y la criminalidad organizada, los penales son una pieza clave en el esfuerzo por otorgar a la población el clima de seguridad y paz social que se merece. Por ello, es menester del gobierno desplegar todas las acciones pertinentes a fin de solucionar el hacinamiento, más aún si tenemos en cuenta que el Tribunal Constitucional (TC) sentenció en el 2021 la existencia de un estado de cosas inconstitucional debido a la sobrepoblación de las cárceles y otorgó un plazo de cinco años para abordar esta problemática.
Por ello, el gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte ha dispuesto la ejecución de un conjunto de importantes medidas e intervenciones orientadas a solucionar esta crisis. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) destacó que se rediseñó, tras una década de inacción, la política penitenciaria y se gestionó un presupuesto inicial de más de 3,000 millones de soles para ampliar la infraestructura carcelaria y la construcción de penales.
Asimismo, hasta marzo del presente año se entregaron más de 656 nuevas unidades de albergue, fruto de la ampliación de los penales de Puno, Lampa e Iquitos; mientras que se encuentran en marcha las obras para incrementar la capacidad de las cárceles en Iquitos y Abancay, que sumarán más de 993 unidades de albergue nuevas.
Entre otros proyectos y obras figuran la ampliación de los penales de Arequipa, Pucallpa, Ica, Trujillo, Moyobamba, Chincha y Chiclayo, todos en etapa de expediente técnico, mientras que está en evaluación los penales de Ancón III, Shumba, Venado Pampa, Colquepata y Bagua Grande, los cuales sumarán 22,102 unidades de albergue.
Tras largos años de abandono, es plausible que el Ejecutivo haya abordado el hacinamiento penitenciario por las astas en búsqueda de una solución. Se requiere también el involucramiento de todos los poderes del Estado y del sector privado dado que las medidas para solucionar un problema tan complejo necesitan ser integrales y articuladas. Confiamos en que las acciones planificadas arrojarán resultados positivos en el corto y mediano plazo.