Derecho
La norma, de este modo, dispone que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, asignen al menos dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad. Además, el Ministerio de Educación (Minedu) deberá implementar un registro virtual público y actualizado en tiempo real, que detalle las vacantes ocupadas y disponibles para este grupo.
Difusión
Otro aspecto importante de la norma es la adopción de mecanismos de difusión en todo el país, a través de los medios de comunicación, lenguas predominantes y plataformas físicas y digitales de las instituciones educativas, hospitales y centros de salud. En este caso, el Minedu, junto con el Conadis y otros organismos del Estado, será responsable de promover esta difusión.
Se refuerzan además los canales informativos sobre los procesos de matrícula y denuncia ante cualquier vulneración del derecho al acceso a una vacante. La supervisión estará a cargo del Minedu e Indecopi, que aplicarán sanciones en caso de incumplimiento.
Asimismo, se declara de interés nacional la capacitación docente en la educación inclusiva, al igual que la promoción de espacios de participación ciudadana y la vigilancia activa por parte de familias y asociaciones civiles. El Observatorio Nacional de la Discapacidad publicará informes sobre avances en inclusión educativa.
Datos personales
De acuerdo con la norma, se protegerán los datos personales de los estudiantes en el registro actualizado de acceso público virtual (aplicativo), conforme a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
Este registro incluirá información sobre el número de vacantes en uso y las vacantes disponibles para los estudiantes en condición de discapacidad.
El Ministerio de Educación implementará dicho registro en un plazo de 60 días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la ley. Además, adecuará sus directivas sobre este tema en un plazo de 90 días calendario, a partir de la misma fecha.
Finalmente, el Minedu desarrollará y promoverá el Concurso Nacional de Empatía Inclusiva Escolar, a fin de promover la empatía inclusiva entre los estudiantes y el cuerpo docente.
Impacto
Uno de los principales avances de esta legislación es la incorporación del término ‘persona en condición de discapacidad’, en línea con la Ley General de la Persona con Discapacidad.
Este cambio refuerza el compromiso del Estado de ofrecer una educación equitativa para todos los estudiantes con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje.
Así lo destacó la congresista Francis Paredes, quien destacó la importancia de la norma: “Se refuerza el compromiso del país con el derecho a la educación para todos”.