Editorial
Los datos son contundentes. En lo que va del año, más de 170 colegios han cerrado sus puertas debido a las amenazas de extorsionadores, mientras que en el 2024 la cifra fue de 300. Lo mismo ocurre con restaurantes, bodegas y otros pequeños emprendimientos, lo que no solo perjudica a los empresarios, sino también a sus trabajadores y clientes. Además, la violencia vinculada con este delito ya ha cobrado numerosas vidas, pues los criminales no dudan en ejecutar sus amenazas cuando no reciben lo que exigen.
El impacto de la extorsión va más allá de las pérdidas económicas. Deteriora el tejido social, infunde temor en la población y ahuyenta inversiones. Además, socava la confianza en las autoridades, pues muchas víctimas sienten que no hay respuestas efectivas para combatir este problema. En este contexto, la pregunta clave es: ¿qué estrategia se debe implementar para erradicar la extorsión?
La solución requiere un enfoque integral. En primer lugar, es fundamental fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público para desarticular las bandas criminales dedicadas a este delito. Esto implica mayor inversión en tecnología, inteligencia y capacitación, así como más apoyo para las unidades especializadas creadas para combatirlo a fin de que actúen con más rapidez y eficacia. Asimismo, es imprescindible reforzar la protección a testigos y denunciantes, pues el miedo a represalias es uno de los principales obstáculos para neutralizar las amenazas.
En segundo término, es necesario endurecer las penas contra los extorsionadores y garantizar su efectivo cumplimiento. De allí que consideramos pertinente que el gobierno haya promovido un debate nacional sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte para los autores de crímenes execrables, discusión que debe ampliarse. En tanto, dado que muchas de las redes de extorsión operan desde los penales, el Estado debe adoptar medidas drásticas para cortar la comunicación de los delincuentes encarcelados con el exterior, así como implementar cárceles de máxima seguridad donde no tengan posibilidad de seguir delinquiendo.
Por último, la lucha contra la extorsión también debe involucrar a la sociedad. Campañas de concienciación y programas de apoyo a víctimas pueden ayudar a reducir el miedo y fomentar la denuncia. Es momento de que nuestras autoridades erradiquen este flagelo que tanto daño causa a la economía, la seguridad y la imagen del Perú. El nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zuluaga, está llamado a liderar esta lucha y ofrecer resultados concretos cuanto antes.