El documento establece las principales labores en las materias de protección al consumidor; represión de la competencia desleal; así como defensa de la libre competencia, entre otros.
Percy Buendia Quijandría
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
El documento, que se oficializó mediante Resolución N° 00193-2024-GEG/Indecopi, fija las principales labores de fiscalización en las materias de protección al consumidor; represión de la competencia desleal; así como defensa de la libre competencia.
Se suman los temas de eliminación de barreras burocráticas; concursal; propiedad intelectual; defensa comercial y eliminación de barreras comerciales no arancelarias; y firmas y certificados digitales, indica el plan.
Asuntos
En protección al consumidor, en el ámbito de Lima y Callao, la fiscalización se priorizará en asuntos vinculados con el préstamo personal; servicio de transporte terrestre interprovincial; crédito de consumo; seguro de desgravamen; los taxis por aplicativo; servicio de transporte aéreo de pasajeros a escala internacional; los alimentos para bebés; servicios de educación básica regular inicial; y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Mientras, en el espacio macrorregional, se incluirán los servicios de transporte terrestre, interprovincial, urbano e interurbano; escuelas de educación secundaria y/o primaria, universidades e institutos; restaurantes y establecimientos similares; transporte aéreo de pasajeros a escala nacional; así como alimentos y bebidas.
Para la represión de la competencia desleal en Lima y Callao se fiscalizará las ventas de goma de mascar, los caramelos, los dulces y otros; los servicios de taxis por aplicativo; los servicios de la enseñanza de educación superior no universitaria (institutos); todo tipo de cervezas; las bebidas mezcladas a base de alcohol; los jugos y néctares de frutas y verduras envasados; y televisores.
El plan detalla que en el ámbito macrorregional se priorizará el alojamiento en hoteles; los servicios de transporte terrestre interprovincial; las escuelas de educación secundaria y/o primaria, universidades e institutos; los restaurantes y establecimientos similares; la venta de terrenos; y las prendas de vestir.
En cuanto a la Defensa de la libre competencia, el documento subraya que los resultados son estrictamente confidenciales y no se podrán divulgar públicamente.
Respecto a la Eliminación de barreras burocráticas, el plan establece una lista de sectores/entidades priorizadas por criterio, primero, en los casos relativos a la función preventiva.
Así, figuran los principales gobiernos locales de la provincia de Lima; las municipalidades distritales y ministerios con mayor cantidad de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad; y el sector de telecomunicaciones.
Se suman los trámites relacionados con la obtención de certificados de antecedentes penales, antecedentes policiales, identificación y estado civil, y otros de mayor demanda solicitados por los ciudadanos.
Además, se fiscalizarán las municipalidades provinciales que no han eliminado barreras relacionadas a procedimientos en los sectores construcción e inmobiliario, transporte y telecomunicaciones. Adicionalmente, se podrían iniciar investigaciones de oficio en otros sectores económicos que resulten de los hallazgos obtenidos de la aplicación de la Metodología de Análisis de Políticas y de Mercado-MCPAT.
En el tema Concursal, el Indecopi fiscalizará las obligaciones vinculadas con la presentación de información trimestral; la solicitud de inscripción de actos de inicio de concurso; y la entrega del acervo documentario y de los bienes de la deudora.
La entidad pondrá especial atención a los productos ofrecidos en el mercado con la denominación de origen “Pisco”; los artefactos eléctricos y juguetes; y el sector de transporte terrestre de personas, hotelería y el servicio de distribución de radiodifusión por cable en el área de Propiedad intelectual.
Mientras, en la Defensa comercial y eliminación de barreras comerciales no arancelarias se evaluará la posible existencia de estas en los sectores de salud y pesca; mientras que en Firmas y certificados digitales se fiscalizará a las entidades públicas o privadas acreditadas por el Indecopi en servicios de certificación digital.
Riesgos
En un reporte del estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, sobre el PAF 2025, recuerda que, sin perjuicio de los sectores mencionados, Indecopi podrá ejecutar acciones adicionales de fiscalización no planificadas, en atención a la evidencia de posibles incumplimientos de obligaciones fiscalizables que generen un riesgo equivalente al de los sectores priorizados.
Bajo este escenario, resulta particularmente relevante la oportuna implementación de programas de cumplimiento por las empresas que pertenecen a los sectores identificados por Indecopi, a fin de estar en la capacidad de afrontar exitosamente las acciones de fiscalización de la autoridad, recomendó el bufete.
Compromisos
El PAF 2025 señala que, además de los temas priorizados, cada órgano del Indecopi deberá cumplir con los compromisos y obligaciones establecidos en las normas, planes, acuerdos y/o fuentes de naturaleza similar que comprometan acciones de fiscalización de la institución en las materias que recaen en su competencia.
Además, destinarán un porcentaje de su capacidad de fiscalización para verificar el cumplimiento de los mandatos que dispuso mediante las medidas de advertencia o correctivas, en el contexto de una fiscalización o de un procedimiento administrativo, anota del documento.
El Plan Anual de Fiscalización 2025 indica que en el contexto de su autonomía técnica, cada órgano del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual deberá establecer criterios para decidir en qué casos ejecutará acciones de fiscalización de carácter especial y reservará un porcentaje de su capacidad operativa para atender esas situaciones.
Opinión
Milagros Cecilia Pozo Ascuña
Milagros Cecilia Pozo AscuñaDirectora de Fiscalización del Indecopi
Protección efectiva
El Plan Anual de Fiscalización 2025 (PAF 2025) contempla acciones de fiscalización en ocho competencias asignadas a la institución, abarcando todo el territorio nacional, para garantizar una protección efectiva de los derechos de los consumidores y el buen funcionamiento del mercado.
Entre los criterios del PAF 2025 destaca el enfoque de riesgo en protección al consumidor, que ha identificado bienes y servicios críticos como el de transporte terrestre interprovincial y aéreo, servicios financieros, educación y productos esenciales con alto riesgo de incumplimiento y afectaciones significativas. Mientras que, en materias como libre competencia y eliminación de barreras burocráticas, se dará prioridad a sectores en base a la concentración de sus mercados y la existencia de barreras de entrada.
De esa manera, el Indecopi fortalece su capacidad de fiscalización, asegurando además su intervención oportuna ante hechos coyunturales; para lo cual las fiscalizaciones se llevarán a cabo con un mayor uso de la tecnología y el fortalecimiento del marco normativo. Asimismo, se ha establecido un seguimiento continuo de estas acciones para ajustar la estrategia cada año.
