En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, la letrada manifestó que, además, este sistema facilitaría la identificación de los medicamentos falsificados, garantizando su pronta detección y retiro del mercado nacional.
Un referente es la Normativa Técnica Sanitaria Sustitutiva para la Trazabilidad de Medicamentos, Productos Biológicos y Dispositivos Médicos, emitida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) de Ecuador, indicó.
Código
La experta sostuvo que esta norma establece la obligatoriedad del Código Único de Trazabilidad (CUT), el cual se debe asignar a cada unidad comercial y registrar en su empaque, lo que permite su rastreo a lo largo de toda la cadena de suministro.
“En el Perú, aún no se habilitó un sistema de trazabilidad, por lo que su viabilidad se debería analizar considerando los recursos tecnológicos y logísticos disponibles, así como el impacto que tendría en la fiscalización y control de medicinas”, enfatizó.
Quiñones consideró que su adopción “podría fortalecer la capacidad de las autoridades sanitarias para detectar y retirar del mercado productos falsificados, además de mejorar la respuesta ante alertas sanitarias”.
“Asimismo, sería recomendable evaluar mecanismos complementarios como el uso de tecnologías avanzadas que permitan un mayor control y reduzcan la vulnerabilidad del sistema frente a la falsificación”, planteó la asociada del estudio de abogados Dentons.
La especialista dijo que si bien la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) desarrolla campañas de concientización, estas se podrían reforzar con medidas regulatorias y tecnológicas que aseguren una supervisión más efectiva de la comercialización de fármacos y dispositivos médicos.
“El análisis de un sistema de trazabilidad, junto con el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la incorporación de tecnologías innovadoras, podría constituir una estrategia eficaz para reducir la falsificación de medicamentos y proteger la salud pública”, subrayó.
Quiñones recordó que el marco normativo peruano sanciona la falsificación de medicamentos los ámbitos administrativo y penal. En el primero, la Digemid y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) desempeñan un papel clave en la detección y sanción de estas infracciones, resaltó.
Mientras la Digemid, dentro de sus competencias, efectúa investigaciones, emite alertas sanitarias de acceso público para advertir sobre la presencia de medicamentos falsificados en el mercado y aplica sanciones que pueden incluir multas y la clausura de establecimientos, anotó.
Por su parte, refirió, el Indecopi atiende denuncias por infracción marcaria cuando se comercializan productos farmacéuticos con signos distintivos registrados sin autorización.
“En el ámbito penal, el Código Penal, en su artículo 294-A, sanciona la falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos con penas privativas de libertad de no menos de cuatro ni más de diez años, además de multas económicas”, aseveró.
Sin embargo, advirtió, la efectividad de estas sanciones enfrenta serias limitaciones. “En la mayoría de los casos, las investigaciones solo logran identificar y procesar a los vendedores finales, sin alcanzar a los fabricantes o distribuidores de los productos ilícitos. Esta situación reduce el impacto disuasivo de la norma y dificulta la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación de medicinas”, recalcó.
Cumplimiento
Quiñones lamentó que el nivel de cumplimiento normativo no sea óptimo, “ya que los hospitales continúan recibiendo casos de intoxicación por medicamentos falsificados o ‘bamba’. Esto sugiere que, si bien la legislación y las sanciones existen, su aplicación y fiscalización aún son insuficientes”.
Los médicos, expresó, al tratar estos casos pueden concluir que la normativa, aunque vigente, requiere de un mayor esfuerzo en su implementación para erradicar efectivamente la falsificación de fármacos. “Resulta imperativo fortalecer los mecanismos de fiscalización, inteligencia y cooperación interinstitucional para garantizar una lucha más efectiva contra este delito y la protección de la salud pública”, puntualizó.
Seguridad pública
Sobre el tema, el miembro del Comité Médico de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos en Latinoamérica (Alafal), Carlos Aliaga, afirmó que “el único camino para frenar este mercado ilegal es la regulación estricta, campañas educativas y el fortalecimiento del control de calidad en la distribución de los fármacos. Como profesionales de la salud, hacemos un llamado urgente a la población para que no arriesgue su bienestar por precios bajos y promesas engañosas”.
“La falsificación de medicamentos no solo es un problema de salud, sino también de seguridad pública. Vemos cómo las mafias perfeccionan sus métodos, lo que hace más difícil detectar estos productos ilegales sin tecnología avanzada”, advirtió.
El galeno sostuvo que además de incautar fármacos adulterados, vencidos y sin registro sanitario, en el 2024 las autoridades detectaron centros clandestinos de producción, en los que los falsificadores usan etiquetas fraudulentas, frascos reciclados y maquinaria artesanal para replicar medicinas de alto consumo, refirió.
Según estudios del Instituto Nacional de Salud, el 71.7% de los casos de comercialización de medicamentos falsificados en Perú entre 2015 y 2019 ocurrieron en Lima Metropolitana, indicó el representante.
Cifra
10 toneladas de medicamentos ilegales se incautaron en el Perú durante el 2024.
