Política
Recordó, en ese contexto, que hay un decreto supremo que regula la compensación para los terceros afectados. “Esa regulación implica, uno, que el operador, en este caso Petroperú, identifique el ámbito dañado y quiénes son los afectados para que después se inicien las negociaciones”, detalló.
El ministro recordó que ocurrido el derrame de petróleo, el Ejecutivo respondió de manera inmediata con sus órganos supervisores.
Detalló que el 21 de diciembre estuvieron en la provincia piurana de Talara representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin); mientras que el 22 de diciembre, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y otros.
“El Ejecutivo ha estado desde el primer momento”, aseveró durante la conferencia de prensa brindada al término de la sesión del Consejo de Ministros.
Castro recordó que el OEFA, como entidad supervisora del Minam en materia ambiental, ha interpuesto a Petroperú, tras una evaluación y supervisión en campo con sobrevuelos, seis medidas administrativas a fin de conocer la causa y la fuente del derrame; hacer la limpieza de las zonas afectas, la remediación y una debida disposición de los residuos de hidrocarburos recogidos de las playas.
Señaló que la playa Las Capullanas, la más afectada por la emergencia ambiental, “se encuentra limpia”. No obstante, agregó, “hay que hacer los monitoreos posteriores para asegurarnos de que la playa no presente ningún resto de hidrocarburo”.
Identificación
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, sostuvo que la empresa petrolera es la que debe identificar a las personas y organizaciones impactadas económicamente por el derrame –ocurrido el 20 de diciembre último– y definir una estrategia de compensaciones, de acuerdo con el Decreto Supremo 081-2007-EM, anexo 4.
Por la mañana, el alcalde provincial de Talara, Sigifredo Zárate, demandó a Petroperú una indemnización justa para los pescadores afectados por el desastre ambiental, pues han muerto diversas especies marinas y dañó la fauna.
En emergencia ambiental
El Gobierno declaró en emergencia ambiental, por un plazo de 90 días hábiles, el área geográfica de la provincia de Talara, región Piura, donde se registró un derrame de hidrocarburo el último 20 de diciembre, con el propósito de garantizar el manejo sostenible de la zona afectada, mediante trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental, a fin de proteger la salud de la población.
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Un total de 335,649 trabajadores dejaron de ser informales, entre los meses de enero a la quincena de diciembre de este año, indicó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (@SunafilPeru).
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) December 27, 2024
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