Derecho
Esa respuesta frente a la comisión de infracciones por los adolescentes no ayudará a la seguridad ciudadana.
Periodista
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En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, la profesora de la Clínica Jurídica sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú se refirió a la propuesta para que los jóvenes que cometan graves delitos, como sicariato, extorsión o violación, entre otros, se les juzgue como adultos y cumplan su condena en un centro penitenciario.
“Es importante tener en cuenta diversas cuestiones. La primera, que creo que es la que menos está importando en estos momentos en el Parlamento, es transgredir los tratados de derechos humanos”, afirmó.
Protección
La experta manifestó que la protección a los jóvenes es un punto establecido por el Tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño. “Para nosotros, los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, por lo que cualquier transgresión a una norma de este tipo puede dar lugar a una acción de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional (TC)”, aseveró.
La especialista cuestionó que se trate como adultos a quienes todavía se encuentran en minoría de edad y que están protegidos no solo por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también por el artículo 4° de la Constitución Política del Perú que refiere que los niños y adolescentes son sujetos de una protección especial.
“Por tanto, no podrían ser tratados como adultos en el ámbito penal no importando la gravedad de la infracción cometida. Este es justamente un primer argumento, constitucional, jurídico, de mucha fuerza y que frente a la comunidad internacional de las Naciones Unidas nos colocaría como un Estado transgresor de tratados de derechos humanos”, advirtió.
Barletta mencionó que un segundo aspecto se vincula con el supuesto impacto que traería la medida en favor de la seguridad ciudadana. “Por ejemplo, de las cifras que en el 2023 recogió el Ministerio Público, un millón 233,421 involucran a los adultos frente a lo que son denuncias contra adolescentes, que suman 18,911 y equivalen a 1.51%. Es decir, del total de denuncias ante el Ministerio Público, las de adolescentes corresponden al 1.51%”, reafirmó.
Además, dijo, respecto a las personas privadas de libertad existen 98,035 adultos, según las últimas cifras en alcanzadas por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) en agosto del 2024, frente a la población de adolescentes de 1,832 en los centros juveniles.
Percepción
“En otras palabras, es una medida que responde a un populismo penal. Esa respuesta frente a la comisión de infracciones por adolescentes no ayudará en nada a la seguridad ciudadana. Es sencillamente hacer creer a la ciudadanía que está haciéndose algo frente a este problema”, subrayó.
La especialista en temas penales juveniles argumentó que, desde una perspectiva de la criminología, de la evidencia científica, “privar de libertad a los adolescentes como adultos lo que favorecerá, más bien, es que estos jóvenes se crean ya delincuentes y sigan actuando como tales”.
“El adolescente se encuentra en una etapa de desarrollo en la que está en construcción su identidad a diferencia de un adulto que ya se puede definir. El adolescente está en una etapa de definición y meterlo a cárcel él mismo se definirá como un delincuente porque estará en un penal para adultos”, recalcó.
Respuestas
En otro argumento, Barletta indicó que, al parecer, el Poder Legislativo desconoce que los adolescentes mayores de 14 años ya tienen responsabilidad penal. “Existe el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, que establece que son privados de libertad cuando cometen infracciones graves”, recalcó.
“De acuerdo con esta ley, por infracciones graves a los adolescentes se les puede privar de libertad hasta un máximo a 10 años. O sea, ya hay sanción penal para ellos, lo que pasa es que el común de la gente cree que recién ahora se les va a tratar en el ámbito penal y no es así, hay una desinformación”, reveló.
En este contexto la catedrática se preguntó: “¿Vamos a cargar sobre una persona vulnerable una medida punitiva tan grave? En la realidad, tenemos que cargar esas condenas sobre los criminales que los buscan para involucrarlos en delitos graves”.
“Es sobre los adultos criminales que tenemos que incidir, no sobre los adolescentes. Pedimos más severidad sobre los adultos que los involucran en el crimen organizado; ahí estaría la respuesta, agravar las penas para los mayores porque están utilizando a menores de edad”, remarcó.
Barletta afirmó que, en estos casos, las acciones del Estado peruano deberían estar dirigidas a proteger a los adolescentes.
“Ya hay justamente un agravante, pero tendría que ser mucho más, porque si queremos incidir en que estos chicos no participen en delitos graves, pues que sea la pena mayor sobre los adultos y no cargar las responsabilidades sobre los menores, que es lo que están haciendo”, puntualizó.
Acciones preventivas
María Consuelo Barletta destacó también la importancia de que el Estado ponga en marcha acciones preventivas para evitar que los adolescentes caigan en la infracción a la ley penal. “Somos un Estado reactivo, como no hacemos nada preventivamente, reaccionamos y la forma de hacerlo es de esta manera, buscando meterlos a la cárcel. Es un absurdo total”, aseveró.
Para la experta, “estamos haciendo que los adolescentes se vuelvan chivos expiatorios de la ineficacia del Estado en prevenir en general lo que es la delincuencia en el país”.
“No tiene ningún sentido que esta normativa prospere. El Congreso debe reconsiderar y en todo caso el Ejecutivo debería observarla. Por último, el Tribunal Constitucional debería manifestarse, al respecto por su inconstitucionalidad”, recalcó.
La catedrática lamentó, además, que se haya recortado presupuesto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“En vez de preocuparnos de que haya más inversión en psicólogos y equipos técnicos que brinde tratamiento a esta población, pensamos en tratarlos como adultos”, aseveró.
“Lo importante es que el Estado invierta más en lograr la verdadera reintegración de estos adolescentes a la sociedad, pero no lo está haciendo técnicamente, entonces estamos buscando la salida más facilista del populismo penal”, anotó.