Derecho
En este contexto, resulta “fundamental la precisión de que las licencias de habilitación urbana y edificación puedan ser objeto de transferencia por sus titulares a favor de otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, incluso cuando se estén ejecutando las obras”, resaltó el estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International.
Esta transferencia, señaló, no requerirá el inicio de un nuevo procedimiento para su reconocimiento, por lo que la municipalidad correspondiente deberá proceder automáticamente a actualizar la titularidad de esos documentos.
Casos
El bufete indicó que esta incorporación permitirá agilizar la ejecución de proyectos, porque si bien el Decreto Legislativo N° 1310 recogió una disposición similar, en la práctica se circunscribía a casos de fusión, absorción y/o reorganización societaria y no siempre era así ejecutado por los municipios para el caso de estas licencias.
De acuerdo con el reporte de la mencionada firma, la norma establece también, en relación con la vigencia de las licencias, que el informe técnico favorable (ITF) de los revisores urbanos, al igual que los dictámenes de las comisiones técnicas tendrán una vigencia de 36 meses prorrogables, y de 10 años para los proyectos integrales de habilitación urbana o de edificación que se desarrollan por etapas.
Por su parte, señaló, la licencia de habilitación urbana con construcción simultánea y/o progresiva de viviendas de interés social y la licencia de edificación para viviendas de interés social tendrán una vigencia de 60 meses.
Este plazo se contará a partir de la fecha de su emisión y, por única vez, podrá ser objeto de una prórroga de 12 meses y/o revalidación por 36 meses; así como ser objeto de renuncia o transferencia, subrayó.
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El bufete resaltó que se dispuso adicionalmente que el uso del cuaderno de obra físico o digital se implementará durante la ejecución de la obra de habilitación urbana y/o de edificación.
En este, explicó, se registrará la trazabilidad y los hechos relevantes de la ejecución de la obra, así como la verificación técnica y las modificaciones con los sustentos técnicos del cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, las normas urbanísticas y edificatorias nacionales, según corresponda y, de ser el caso, las normas sectoriales y/o normas municipales complementarias que regulan el predio.
El estudio afirmó que esta última modificación permitirá reducir y/o frenar paralizaciones de obra. En forma acertada, agregó, recoge la exposición de motivos de la ley que recuerda, en gran medida, que las paralizaciones de obra se registran debido a que durante la ejecución existen variaciones, adaptaciones y/o modificaciones que no deberían prestarse a controversias si se desarrollaron conforme al cumplimiento de las normas técnicas, urbanísticas y edificatorias vigentes.
En este caso, refirió que se argumenta que “[…] sin ningún sustento técnico las municipalidades paralizan las obras por presuntas irregularidades; por lo tanto, es importante establecer en el decreto legislativo una herramienta, mediante la cual se pueda fundamentar y registrar los hitos más importantes de la ejecución de las obras”.
Facultad
El Congreso, mediante la Ley N° 32089, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, por 90 días calendario.
El artículo 2 de la ley faculta al Gobierno, en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos, a fijar disposiciones especiales en habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros.
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