Política de Derechos Humanos al 2040: acciones contra la discriminación
El Minjsdh publica propuesta que incluye cuatro objetivos prioritarios, nueve lineamientos y 36 servicios con estándares de cumplimiento, indicadores y metas para recibir aportes.
Percy Buendia Quijandría
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) precisa que la PNMDH al 2040, cuyo proyecto difunde en su portal institucional, tiene como propósito central atender la problemática de la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas en su diversidad.
Causas
Para tal fin, detalla, se identificaron como causas directas del problema el insuficiente desarrollo de políticas interseccionales sobre los grupos en situación de especial vulnerabilidad, así como la escasa incidencia de actores públicos y privados a escalas regional y local en el diseño e implementación de iniciativas en materia de derechos humanos.
Se suman la persistencia de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas; y la presencia de barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación, revela el Minjusdh.
El portafolio indica que la PNMDH definió como situación futura deseada que “al 2040 las personas ejercen sus derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación estructural”.
“El índice de igualdad y no discriminación en el ejercicio pleno de derechos humanos, que se situaba en 74.2 en el 2021, ha experimentado un ascenso significativo, alcanzando 82.5 en el 2040. Este incremento de 8.3 puntos representa un avance del 11.2%, que indica el progreso en el ejercicio pleno de los derechos humanos”, agrega.
Recalca que la política propone cuatro objetivos prioritarios (OP), nueve lineamientos y 36 servicios con estándares de cumplimiento, indicadores y metas. Además, contiene las actividades operativas (AO) que permitirán la vinculación de la PNMDH con el planeamiento institucional de las entidades que participan en esa política con la finalidad de concretar su implementación, anota.
La propuesta señala que el primer objetivo prioritario se vincula con fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad. Mientras, el segundo OP expresa la necesidad también de fortalecer la gobernanza para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas, acota.
El tercero busca reducir la prevalencia de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas en el ejercicio pleno de los derechos de las personas; y el cuarto tiene como horizonte disminuir las barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación que restringen el ejercicio pleno de los derechos de las personas, revela.
En el primer OP, resalta, priorizar los grupos en condición de especial vulnerabilidad es importante por varias razones. Por ejemplo, estas personas enfrentan barreras significativas que les impiden el acceso pleno a sus derechos humanos, sostiene.
La propuesta advierte que estas barreras pueden ser de naturaleza social, económica, cultural o legal y perpetúan ciclos de exclusión y desigualdad. “Al priorizar a estos grupos se abordan las injusticias históricas y estructurales que han llevado a su marginalización, lo que es esencial para avanzar hacia una sociedad más equitativa”, recalca.
En el segundo objetivo prioritario el proyecto explica que la gobernanza es un concepto central para entender los nuevos vínculos entre gobierno y sociedad, que alude al proceso en el que la dirección de la sociedad, las actividades para resolver problemas y las formas de organizarse, entre otros, no son ni pueden ser obra exclusiva del gobierno como actor único o dominante, sino que resultan de la interacción o deliberación conjunta entre este último, las organizaciones privadas y la sociedad.
Decisiones
Recalca que es fundamental priorizar las decisiones de otros actores de la sociedad siempre que sea factible, lo que garantizará una respuesta más precisa y adaptada a las necesidades específicas de las personas, sobre todo de los grupos en situación de vulnerabilidad, ello debido a las obligaciones de especial protección que debe brindar el Estado.
Este concepto se alinea con el principio de subsidiariedad, que establece que las cuestiones se deben tratar en el nivel más cercano al ciudadano siempre que sea posible, explica.
De este modo, puntualiza, se destaca la importancia de una colaboración armoniosa entre los distintos niveles de gobierno, así como entre los diferentes actores de la sociedad, para abordar de manera efectiva los desafíos en materia de derechos humanos y asegurar su protección para todos los individuos y grupos dentro de la sociedad peruana.
El tercer objetivo prioritario de la propuesta de Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 busca reducir la prevalencia de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas en el ejercicio de los derechos de las personas.
Los estereotipos y prejuicios basados en características como género, origen étnico, orientación sexual, discapacidad, entre otros, pueden influir en las decisiones individuales y colectivas que afectan a las personas, que generen exclusión social y económica, limiten oportunidades y perpetúen la desigualdad, advierte.
Por ello, subraya, este objetivo busca disminuir la persistencia de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas, identificada como causa directa 3 del problema público.
Reducir su prevalencia es importante para promover la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad, y garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en la sociedad, asevera.
Para tal fin, recalca, se necesitan acciones concretas a nivel individual orientadas al empoderamiento ciudadano, institucional y comunitario, que fomenten la educación, la sensibilización, el diálogo y el respeto mutuo, así como el diseño de políticas públicas que promuevan la diversidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Si bien los grupos en condición de vulnerabilidad son frecuentemente estigmatizados y enfrentan prejuicios y estereotipos por poseer factores de vulnerabilidad, estas situaciones afectan a toda la población, alerta.
Barreras
La disminución de las barreras de discriminación para el ejercicio pleno de derechos de las personas, como OP 4, lleva al poder público a propiciar la satisfacción de las necesidades y exigencias inherentes a la dignidad humana, precisa la propuesta.
Así, se deben desarrollar acciones orientadas a identificar y contrarrestar la existencia de patrones sistemáticos de discriminación en una zona geográfica, región o el Estado.
Al reconocer que estas barreras agudizan la desigualdad y exclusión de las personas, se debe implementar medidas efectivas y sostenidas que promuevan el respeto a la dignidad de todas las personas.
Lea también en El Peruano
¡Atención, abonados! ??Pueden dar de baja su servicio en cualquier momento y sin tener que justificar su decisión ?? https://t.co/Spk0vCX4bt
Las operadoras están prohibidas de limitar, restringir o derivar la atención de cualquier trámite de baja a un canal, precisa @OSIPTEL. pic.twitter.com/GFszm2d6Ov
