El juez Juan Carlos Checkley dispuso también comparecencia con restricciones para la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta y para el empresario vinculado al negocio del oro, Javier Miu Lei, comprendidos también en las investigaciones.
“Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva, formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el extremo formulado contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados”, señala la resolución.
Prisión preventiva
El titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria precisa que la prisión preventiva se computará desde el 19 de setiembre del 2024, fecha en que fue detenido en una clínica de San Borja, hasta el 18 de marzo del 2026.
Andrés Hurtado está desde entonces detenido en la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ubicado en la sede de la Prefectura de Lima, en la avenida España, sometido a las investigaciones fiscales.
El juez justificó su decisión en que Andrés Hurtado no cuenta con arraigo laboral ni domiciliario, pues él mismo ha señalado en la audiencia de control de identidad que no cuenta con un domicilio fijo porque los propietarios de los departamentos que ocupaba en alquiler le han solicitado que se retire.
Asegura también que en los días previos a su arresto, Chibolín no fue visto ingresando al domicilio que figura en su DNI y que se habría hospedado en hoteles.
Menciona además que, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, Andrés Hurtado ha salido del país en varias oportunidades entre 1994 y el 2024, no entregó su pasaporte, tiene con otras investigaciones fiscales por lavado de activos y cuenta con las facilidades para salir del país, puesto que dos de sus hijas viven en el extranjero.
Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei
En el caso de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y del empresario Miu Lei, el juez Checkley declaró infundado el pedido de prisión preventiva de la fiscalía e impuso la medida de comparecencia con restricciones disponiendo la obligación de no ausentarse de la localidad donde residen.
Asimismo, les impuso la obligación de realizar el control biométrico cada mes y de pagar una fianza de 35 000 soles para Elizabeth Peralta y un millón de soles para el caso de Mui Lei.
Tras conocer esta decisión, el abogado Benji Espinoza, defensa legal de la Elizabeth Peralta, sostuvo que están de acuerdo con la medida, que "demuestra que una justicia independiente debe responder al estricto cumplimiento de la ley".
“Reafirma la vigencia de la libertad y seguridad personal en un Estado de derecho como el peruano”, aseveró.
Elizabeth Peralta admitió su amistad con Andrés Hurtado y que viajaron juntos a Estados Unidos, pero niega haber influido en la devolución de un cargamento de oro en favor del empresario Javier Miu Lei.
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público notificó a Elizabeth Peralta la resolución resuelve apartarla del cargo en forma preventiva.
