Derecho
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Frente a esta normativa, la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (APEPS) interpuso una demanda de acción popular que cuestiona la constitucionalidad de ese artículo y solicita su expulsión del ordenamiento jurídico peruano (Expediente N° 02104-2023-0-1801-SP-DC-01, a cargo de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima).
Preocupación
El vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, Edson Aguilar Zelada, expresó la preocupación de su organización de que el mencionado gremio se oponga al artículo 7.2 del reglamento, pues “es ir en contra del derecho a la salud, es decir, en contra del derecho a la vida de las personas que sufren algún tipo de cáncer”.
“Lo que dicen las compañías aseguradoras es que piden que se elimine ese artículo del reglamento porque va en contra de la salud y no pueden exponer a sus afiliados a tratamientos experimentales. En ningún caso hablamos de tratamientos experimentales, sino de tratamientos que son aprobados por agencias reguladoras”, afirmó.
En este punto, mencionó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos y similares de Australia, Japón y del Reino Unido, países de la más alta supervisión sanitaria, que vigilan también la seguridad y la eficacia de los fármacos.
“Son medicamentos aprobados con todas las pautas de seguridad y eficacia. Además, en el Perú los certificó la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid). En ningún caso se trata de tratamientos experimentales”, enfatizó.
Aguilar manifestó que las empresas ocultan que son tratamientos de alto costo. “Las compañías de seguro prefieren mantener a sus afiliados con medicamentos y tratamientos no los más modernos, no los que brindan más años de sobrevida, no los que te pueden garantizar detener la progresión de la enfermedad y no los que, incluso, pueden permitir a una persona en metástasis existir durante muchos años con una excelente calidad de vida”, advirtió.
El vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas consideró que las empresas no quieren ir en contra de la rentabilidad que se vería afectada al adquirir esos medicamentos que son de más alto costo.
Frente a este panorama, Aguilar demandó que la ley se cumpla para todos sin excepción. “Así como somos muy firmes en la exigencia al Estado en cuanto al cumplimiento y garantía de los derechos ciudadanos y de salud, con la misma firmeza levantamos la voz frente al sector privado”, aseveró.
“Hablamos de una población de cerca de 4 millones de personas que pagan su seguro oncológico o de salud con la esperanza de que estarán protegidos durante la enfermedad y esa pretensión atenta, claramente, contra el derecho a la salud, a la vida y a la información”, recalcó.
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Intervenciones
En este asunto, refirió, debería intervenir el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), como defensa del consumidor; y el Viceministerio de Derechos Humanos porque se está atentando contra la salud, que es un derecho humano.
“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) debe intervenir también porque claramente una persona con cáncer está en una situación vulnerable. Además, tiene que tomar cartas en el asunto hasta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)”, sostuvo.
El directivo se preguntó “¿de qué inclusión hablamos si más bien estamos dejando de lado a que aquellas personas que son las más pobres, que no acceden a buenos medicamentos ni por el Seguro Integral de Salud (SIS), ni por la Seguridad Social, menos aún porque no pueden acceder a un seguro privado”.
“La respuesta no debe ser solo del Ministerio de Salud, sino también del Estado, del Poder Ejecutivo, porque la demanda que interpuso la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud es contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Minsa”, recordó.
Avances
Aguilar subrayó que los derechos no pueden ser regresivos, pues en esta materia “tenemos que avanzar siempre. Esta demanda atenta claramente contra una política a la cual el Gobierno le pone mucho énfasis. Tratar de revertir este retraso de 20 años en acceso a medicamentos oncológicos es un compromiso público de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del ministro de Salud”.
“Consideramos que se debe defender al máximo el derecho a la salud y sobre todo más allá de lo que ocurra con los seguros privados, el Minsa tiene que seguir apostando por disminuir estas brechas de inequidad en el servicio de salud, concretamente en la atención oncológica”, puntualizó.
Revisión de pólizas
Edson Aguilar exhortó a todos los ciudadanos con una póliza de seguros, sea la que fuere, que las revisen en sus condiciones para determinar no solo qué incluye, sino, sobre todo, determinar las exclusiones y discutir con las compañías de seguros acerca de este último punto.
“Como organización de la sociedad llamamos la atención de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) porque absolutamente todas las pólizas de seguro de salud privadas debieron adecuarse al reglamento de la Ley del Cáncer”, recordó.
El directivo manifestó que hubo muchos casos de personas a las que los médicos oncólogos les recetaron una indicación de medicamentos y los rechazó su seguro. “Varios pacientes acudieron a nosotros por teléfono, nos compartieron su caso y en algunos de ellos logramos que les den los tratamientos que le negaban los seguros basándonos en el Reglamento de la Ley del Cáncer”, afirmó.
En otros casos, dijo, las personas desistieron de seguir con este proceso porque se desalentaron, sintieron que son muy poderosas las compañías de seguros y no querían verse envueltas en todo este trámite.
“Las empresas aseguradoras tienen que ser conscientes de que muchas de ellas son compañías transnacionales y que estas mismas organizaciones proporcionan en otros países los medicamentos que niegan en el Perú, con lo cual su argumento de que son tratamientos experimentales y lo hacen por cuidar la salud de los afiliados es falso”, subrayó.
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