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Ciudad de México
AFP
México otorgó asilo político al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas en una decisión que tensa aún más las relaciones tras la expulsión de la embajadora en Quito a raíz de comentarios del presidente mexicano.
El Gobierno ecuatoriano consideró el asilo a Glas como un “acto ilícito”, pues el exfuncionario es requerido por presunto peculado y las convenciones internacionales dictan que esa figura no aplica para delitos comunes.
Glas está refugiado en la embajada de México en Ecuador desde el 17 de diciembre pasado, eludiendo una orden de captura, y el gobierno del presidente Daniel Noboa reiteró que no expedirá el salvoconducto necesario para salir del país.
Respuesta
Al anunciar la protección a Glas, la cancillería mexicana aseguró que, según una convención de 1954, el Estado asilante es el “único facultado para calificar la naturaleza de la persecución” política, en tanto Ecuador está obligado a expedir el permiso de salida si así se lo solicita México.
Hostigamiento
El anuncio del asilo se efectuó un día después de que el Gobierno de Ecuador declarara “persona non grata” a la embajadora mexicana Raquel Serur y ordenara su salida del país.
Los dos gobiernos han descartado romper relaciones, pero el asilo a Glas abre un nuevo frente de conflicto tras los dichos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre la violencia política que motivaron la expulsión de su embajadora.
De hecho, al anunciar el asilo, la Cancillería mexicana denunció en un comunicado que su embajada en Quito sufre un “claro hostigamiento” por el despliegue de policías y militares en sus alrededores.
“Así son los fachos”, señaló López Obrador al respecto en su habitual rueda de prensa.
Sobornos de Odebrecht
Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Correa, cumplió una pena de cárcel por el escándalo de sobornos de Odebrecht, pero enfrenta otra orden de arresto por desviar fondos destinados a tareas de reconstrucción tras un terremoto en el 2016.
El exvicepresidente y el propio Correa aseguran que se trata de una persecución política. El exmandatario fue sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción e inhabilitado políticamente y permanece en Bélgica, país de origen de su esposa.