Editorial
Con miras a prevenir la ocurrencia de un escenario similar al descrito, el Ejecutivo decretó en febrero pasado el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde se registran graves casos de violencia asociada a la criminalidad organizada.
Uno de ellos se cometió en diciembre del año pasado, cuando sicarios atacaron las instalaciones de la minera La Poderosa, con un saldo de nueve trabajadores asesinados y varios heridos. Las investigaciones dieron cuenta de que el hecho de sangre tendría como autores intelectuales a mafias de mineros ilegales interesados en ganar territorio a las empresas formales.
Por hechos como el descrito es que el gobierno decretó el estado de emergencia en las localidades de Trujillo y Pataz. La medida tiene como finalidad atajar el avance de la criminalidad organizada y acabar con el clima de zozobra que la población venía sufriendo.
En el marco de esta disposición legal, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, asumieron el control de las zonas, y se suspendieron algunos derechos constitucionales en el marco de la ley, para así enfrentar de manera más directa y eficiente a las mafias delincuenciales.
La intervención de las fuerzas del orden está arrojando resultados positivos. De acuerdo con información oficial, la incidencia delictiva comienza a registrar una disminución. Asimismo, policías y militares llevan a cabo constantes operativos conjuntos cuyo objetivo es desarticular a las bandas, afectar su cadena logística y sus fuentes de ingresos económicos.
Ejemplo de estas acciones es el operativo combinado efectuado los dos últimos días por las fuerzas de seguridad contra la minería ilegal en Pataz, en el cual intervinieron y destruyeron cuatro socavones y tres campamentos mineros rústicos, además de materiales, herramientas e insumos para la ilícita actividad.
La preocupación del gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte por revertir la situación de inseguridad en esta zona queda reflejada, además, por la presencia de las más altas autoridades con la finalidad de supervisar el trabajo efectuado. El último fin de semana, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, viajó a Pataz para dirigir la labor de las fuerzas del orden.
Es urgente detener a la minería ilegal, no solo por el daño que causa al medioambiente, sino también por la cadena de ilícitos asociados a ella, como trata, extorsión, sicariato, entre otros.
Confiamos en que esta medida ayudará a alcanzar el objetivo trazado y a mejorar los índices de seguridad ciudadana en Pataz, cuya población tiene el derecho y merece vivir en un clima de tranquilidad social. El éxito que se alcance, además, servirá de ejemplo para proceder en forma similar en cuanta zona del país sea necesario.