Derecho
La jueza superior Patricia Beltrán Pacheco explicó que el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece medidas de resocialización al adolescente en conflicto con la ley penal, que van desde la amonestación hasta los seis años de internamiento en un centro juvenil.
Sin embargo, esta sanción puede aumentar hasta los 10 años en los casos que el adolescente tenga de 16 a 18 años y haya incurrido en una infracción de violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave o sicariato.
“La violación a menores de edad seguida de muerte y el sicariato tienen una medida de resocialización mayor al ser considerados conductas con agravantes al quitarle la vida a otra persona”, explicó la magistrada.
Extorsión
Sobre la extorsión, la jueza superior señaló que el juez penal de familia podría disponer el plazo máximo de la medida de resocialización de internación, que es de seis años, al ser considerada una infracción pluriofensiva.
“En el caso de extorsión, los adolescentes tienen que comprender que este acto afecta no solo su vida futura y la de su familia, sino también a la víctima y su entorno familiar”, afirmó.
Detalló que las medidas de resocialización que se le impone al adolescente en conflicto con la ley penal pueden ser variadas de acuerdo con las circunstancias; desde la amonestación, acudir al Servicio de Orientación al Adolescente con libertad asistida, hasta la más grave que es la internación en un centro de resocialización juvenil.
En caso se disponga la internación en un centro juvenil, la jueza superior aclaró que esta medida tiene como objetivo brindar un tratamiento especial al adolescente, orientándolo a que encuentre otras formas de afrontar la vida.
En este sentido, precisó que dicha medida se aplica a los adolescentes de entre 14 y 18 años, ya que si es menor de 14 años se establecen medidas de protección.
Digitalización
El PJ aprobó la directiva ‘Gestión de microformas con valor legal en el Poder Judicial-Versión 001’, mediante la Resolución Administrativa N° 000153-2024-GG-PJ, impulsada por la Comisión Nacional de Archivos, liderada por el consejero Johnny Cáceres Valencia, dentro del ámbito de sus funciones como ente rector del Sistema de Archivos del Poder Judicial.
Este documento normativo tiene como objetivo establecer disposiciones para las actividades de gestión de microformas con valor legal de los documentos administrativos y jurisdiccionales en condición de archivo definitivo en custodia de los archivos desconcentrados del Poder Judicial.