Derecho
Esto por disposición de la propia entidad contralora que extendió hasta el 12 de febrero del presente año el plazo para enviar a la Contraloría el segundo Seguimiento del Plan de Acción Anual, periodo 2023 y la Evaluación anual de la implementación del SCI, periodo 2023
Además, tendrán plazo hasta el 27 de marzo del 2024 para entregar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación, periodo 2024 y el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, periodo 2024.
Fundamento
Las entidades públicas a nivel nacional asumen esta responsabilidad en cumplimiento de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y sus modificaciones; por lo que los entregables podrán ser registrados y presentados de manera virtual en los plazos señalados utilizando el aplicativo informático respectivo al cual se puede acceder ingresando a la página web del Sistema de Control Interno.
Aquella directiva tiene como finalidad lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
En ese contexto, dicho documento normativo tiene como objetivo regular el procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, estableciendo plazos y funciones. Asimismo, establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación de ese sistema.
Para la absolución de consultas, orientación o asistencia técnica respecto al cumplimiento de la obligación señalada, las entidades públicas pueden comunicarse con el sectorista asignado a su ámbito.
Directrices
El SCI constituye el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado, para la consecución de una serie de objetivos. Entre esos objetivos figura promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. A su vez, cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial, entre otros.