Editorial
Sin duda se trata de una buena noticia en la medida de que más peruanos tienen acceso a una fuente de energía que les permite mejorar su calidad de vida, educación y oportunidades económicas.
Tal como señala el Minem, llevar servicio eléctrico a las zonas rurales del país enfrenta diversos desafíos debido a la lejanía de las poblaciones, su dispersión, bajo consumo y limitado poder adquisitivo de las familias. Esto explica por qué la inversión privada es renuente a apostar en el sector, lo cual determina la urgencia de contar con apoyo estatal.
Por tal motivo, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Minem informó que tiene como objetivo impulsar proyectos que lleven el servicio a más familias. En esa perspectiva, precisó, hay una cartera de 118 iniciativas con las cuales se espera alcanzar una cobertura eléctrica rural nacional de 96% al 2026. La inversión total para tales intervenciones es de 2,431 millones de dólares y se calcula que beneficiarán a cerca de un millón de habitantes de zonas rurales, localidades aisladas y pueblos de frontera.
De acuerdo con el DGER, el porcentaje de viviendas rurales sin servicio eléctrico en el Perú es de 16.7%, cifra que equivale a 257,144 hogares. La brecha todavía es amplia y en consecuencia es urgente no cesar en el esfuerzo de ampliar la cobertura de energía eléctrica a más zonas rurales, pues esa implementación tiene un alto impacto social.
Y es que las poblaciones electrificadas tienen más oportunidades en ámbitos claves. Por ejemplo, los jóvenes pueden estudiar en mejores condiciones, mientras que surgen nuevas posibilidades de negocios, emprendimientos económicos y puestos de trabajo. En general, se considera que tener acceso al servicio eléctrico mejora de forma notable la calidad de vida de las personas.
Es positivo que el Gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte Zegarra tenga como una de sus principales prioridades ampliar la cobertura de electrificación rural a las zonas más alejadas de nuestro país. De ese modo se cumple con el propósito de cerrar las principales brechas sociales y llevar servicios de calidad a todos los rincones del territorio nacional.
Como señala el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), si se desea alcanzar el acceso universal a la electricidad el 2030 en el Perú, es esencial que las organizaciones enfocadas en el desarrollo social colaboren en la formulación de políticas públicas que ayuden a lograr ese objetivo y aumenten sus inversiones en fuentes de energía limpias.